El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) dio a conocer su informe semestral desde el mes de noviembre 2020 y abril 2021 relacionados a las violaciones de Derechos Humanos en material Judicial, Institucional, Universitaria y de servicios básicos.
En el informe destaca que desde que se inició la cuarentena en Venezuela, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió por siete meses las actividades jurídicas en el país y que cuando se reiniciaron actividades en tribunales, no hubo despacho diario en las semanas de flexibilización de la cuarentena.
“En algunos casos los jueces dejaban de despachar porque se encontraban haciendo suplencia en otros juzgados, así mismo, las sedes regionales de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público no atendieron diariamente ni respondieron las denuncias consignadas por este observatorio”. Refirió.
Según el ODH-ULA durante el último semestre, constataron a su juicio violaciones en el retardo procesal ejercido de manera discrecional en algunos casos, además de las limitaciones en el acceso de abogados y víctimas a las audiencias de casos y la realización de actuaciones en ausencia de jueces naturales, entre otros acontecimientos.
Igualmente señalan que en lo que corresponde a la autonomía universitaria “se infringe el artículo 109 de la ley de Universidades y los derechos laborales, tras la imposición del pago de sueldos y salarios del personal docente, obrero y administrativo de la Universidad de Los Andes a través de la plataforma patria.
“El Plan de la Patria es violatorio del principio de libertad académica instituido en la Constitución Nacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 15, en el objetivo de adecuar las universidades autónomas al sistema universitario paralelo”, expresa el informe.
Así mismo indica que el Ejecutivo Nacional aplicó un plan de educación virtual llamado “Plan Universidad en Casa”, para evitar el COVID-19 a nivel nacional, el cual fue diseñado según El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes “sin la participación de los integrantes de las universidades autónomas y la evaluación de la situación actual que se viene presentando con los servicios básicos como electricidad, acceso a internet y computadora.
Además aclara que con la llegada de la pandemia el Observatorio contabilizó durante el mes de noviembre del 2020 hasta el mes de marzo del 2021 setenta eventualidades ocurridas en diez universidades del país, entre ellas se encuentran diversos robos y hurtos a la Universidad de Los Andes.
Referente a los servicios básicos destaca que ha empeorado durante la cuarentena, evidenciando los constantes apagones, las cuales duran entre 5 y 6 horas o más en algunos sectores por cada corte durante el día, aunado a las fallas de telecomunicaciones, internet, gas doméstico, ausencia de gasolina y gasoil.
Ante ello, el Observatorio de Derechos Humanos exhortó nuevamente al ejecutivo nacional a garantizar dichos servicios para el bienestar de los venezolanos.
