En las últimas dos semanas se ha podido registrar el aumento de las denuncias por parte de la oposición venezolana y organizaciones no gubernamentales producto del incrementado de las detenciones de sus miembros.
Una investigación publicada en mayo por la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) indica que «las detenciones arbitrarias contra quienes se atreven a cuestionar la gestión de gobierno han pasado de ser excepcionales a ser cotidianas».
De igual forma, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) a través de su red social Twitter indicó que en las dos últimas, Venezuela ha registrado tres defensores de derechos humanos desaparecidos y detenidos arbitrariamente, un activista detenido, un diputado desaparecido, una familia amenazada y acosada, una madre detenida y una ONG de DD.HH. allanada.
Venezuela en 2 semanas:
— PROVEA (@_Provea) July 15, 2021
15 civiles muertos en un operativo policial
3 defensores de derechos humanos desaparecidos y detenidos arbitrariamente
1 activista detenido
1 diputado desaparecido
1 familia amenazada
1 periodista perseguida
1 madre detenida
1 ONG de DDHH allanada
Asimismo, el director de Movimiento Vinotinto y abogado Manuel Virgüez expresó que «no podemos quedarnos callados ante el patrón de judicialización de los defensores de derechos humanos en Venezuela, ya en 2021 van 8 detenciones», agregando que exigen libertad plena para los defensores de DDHH.
Director de Movimiento Vinotinto, Abg. Manuel Virguez: «No podemos quedarnos callados ante el patrón de judicialización de los defensores de derechos humanos en Venezuela, ya en 2021 van 8 detenciones» «Exigimos libertad plena para los defensores de @FundaREDES_» #14Jul pic.twitter.com/6Wb2ejWLnW
— Movimiento Vinotinto (@movinotinto) July 14, 2021
También la ONG Fundaredes expresó a través de su red social Twitter que “el hecho de que funcionarios del ejecutivo nacional realicen acusaciones criminalizando la labor de defensa de #DDHH demuestra la ausencia de estado de derecho, y la carencia de autonomía de los poderes públicos en el país”.
En el caso particular de esta organización fueron pasados a juicio tres de sus integrantes. Los hermanos Javier y Rafael Tarazona y el activista Omar García. Fueron aprehendidos el pasado 2 de julio en Coro, capital de Falcón.
El Ministerio Público los acusa de instigación al odio y de no presentar pruebas sustentables sobre las denuncias que venían haciendo, sobre todo por el conflicto armado suscitado desde marzo en la frontera de Apure.
El hecho de que funcionarios del ejecutivo nacional realicen acusaciones criminalizando la labor de defensa de #DDHH demuestra la ausencia de estado de derecho, y la carencia de autonomía de los poderes públicos en el país.
— FundaREDES (@FundaREDES_) July 15, 2021
