A finales del mes de mayo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nombró al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, como comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del Gobierno nacional, otorgándole un plazo de 90 días para presentar una propuesta concreta.
Este anuncio ha abierto nuevamente el debate sobre las dimensiones reales del Estado venezolano. Para analizar el alcance de esta medida, el politólogo Reiso Velásquez, docente de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) y coordinador académico del Instituto de Gerencia y Estrategia del Estado Zulia (IGEZ), habló en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias sobre los desafíos estructurales y económicos que enfrenta esta comisión presidencial.
De acuerdo con Velásquez, la historia reciente del país ha estado marcada por diversos intentos de modificación institucional, tales como la reforma de 2007, la enmienda de 2009, el plan de las ‘3R’ y las ‘7 Transformaciones’. Sin embargo, el analista aclaró que es fundamental diferenciar los términos técnicos que se manejan en esta nueva fase.
“Cuando hablamos de reestructuración, las mayoría de las veces nos estamos refiriendo a una reforma. Eso viene etimológicamente de volver a dar forma; o sea, tomar algo que ya existe, modificarlo y adaptarlo a estructuras más sostenibles”, comentó.
Por el contrario, el término reingeniería, adoptado de las ingenierías por la ciencia política, profundiza en los procesos internos y en la eficiencia organizacional.
“Allí se meten con las estructuras, con la duplicidad de cargos y tocan asuntos como el para institucionalismo, evaluando si existen algunas instituciones que de repente están haciendo lo mismo que otras”, precisó el docente.
La cultura de la improvisación
Uno de los factores que explican la actual dimensión del Ejecutivo es la tendencia histórica a crear dependencias cada vez que se detecta una problemática, en lugar de evaluar el rendimiento de los organismos ya existentes.
Como consecuencia de esta práctica, los balances iniciales de la comisión arrojan una cifra masiva: 35 ministerios, 150 viceministerios y una nómina estimada en 3.5 millones de empleados públicos.
Al respecto, Velásquez señala tres problemas medulares en el ejercicio político venezolano que alimentaron este crecimiento:
- Desfoque de la gestión: Los actores políticos tienden a concentrarse en solucionar los problemas que ellos mismos generan en el diseño institucional, en lugar de atender las demandas reales de la población.
- Falta de rigor técnico: Predomina una cultura de la improvisación que desplaza a las ciencias y técnicas de gobierno, tales como la planificación estratégica situacional.
- Cortoplacismo electoral: Los partidos suelen activarse según el calendario comicial, careciendo de laboratorios de ideas (‘tanques de pensamiento’) que proyecten el desarrollo del país o de regiones como el estado Zulia a largo plazo.
Adicionalmente, el especialista advirtió que la preparación técnica en un área no garantiza el éxito de una política pública si se carece de formación en gestión del Estado.
“Un economista puede hacer buena política económica o un médico una buena política de salud, pero si no tiene el entrenamiento en ciencias y técnicas de gobierno para entender las problemáticas de la gente, difícilmente esas medidas técnicas van a poder conectar”, argumentó.
El quiebre de la descentralización y el dilema económico
Al evaluar los antecedentes, el politólogo recordó que tras el auge de la descentralización iniciado en 1989 por la COPRE y plasmado en la Constitución de 1999, la práctica política tomó un rumbo inverso. A partir del período 2004-2006, la creación masiva de misiones sociales y “para instituciones” duplicó las funciones de los ministerios formales, expandiendo la nómina pública bajo dinámicas de clientelismo o compadrazgo.
Esta gigantesca estructura fue sostenible únicamente durante los años de bonanza petrolera. No obstante, frente a la realidad económica actual, el modelo muestra signos de agotamiento severo debido a una ecuación fiscal distorsionada.
“En cualquier Estado estándar, los particulares producen: una parte va al Estado como renta impositiva y eso se convierte en el insumo para crear bienes y servicios. Si seguimos viviendo de la renta petrolera y los precios caen, ¿cómo sostienes esta infraestructura? Cuando no se genera esa producción, vemos dinero inorgánico, inflación y todo lo demás”.
Para ilustrar el problema, Velásquez citó un célebre ensayo de Woodrow Wilson, señalando que los Estados “se han vuelto enormes en tamaño, pero torpes en movimiento”, debido a que la multiplicación de despachos no se traduce en agilidad para el ciudadano, especialmente cuando la rendición de cuentas se limita a un formalismo protocolar.
¿Qué hacer con 3.5 millones de trabajadores?
Finalmente, al contrastar la administración pública con los procesos de fusión del sector privado donde la optimización de sedes, gerencias y cajeros se ejecuta de forma estricta—, el coordinador del IGEZ explicó que el Estado cuenta con mayor margen de maniobra simplemente porque los fondos no salen del bolsillo de los administradores. Por lo tanto, el verdadero reto de la comisión liderada por Héctor Rodríguez no es técnico, sino político y laboral.
“En términos de tener 3.5 millones de empleados públicos y decir que no lo vas a reducir, ¿qué implicaría eso? ¿Qué vas a hacer con esa gente que está allí y que tiene el tema de la ley del trabajo de que no le puedes desmejorar el cargo?”, cuestionó Velásquez, concluyendo que un recorte drástico o masivo generaría una alta conflictividad social, por lo que la pregunta de fondo sigue siendo bajo qué criterios productivos planea el Ejecutivo reubicar a este personal.
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