Este martes 10 de marzo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe oral en torno a la situación de esta dimensión en Venezuela.
Se trata de una actualización cuyo adelanto ya había hecho a mediados del mes de febrero.
En uno de los apartados del informe, la diplomática manifiesta que le preocupa «el anuncio de que se aprobará una legislación que sancione a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior».
Agrega que también es signo de preocupación el señalamiento público a las ONG´s.
Vale recordar que hace dos semana el constituyente Diosdado Cabello, en su programa de televisión, se refirió directamente a PROVEA, al indicar que a esta ong hay que investigarla porque supuestamente recibe financiamiento del exterior para conspirar en Venezuela.
Rechaza persecución contra autoridades universitarias
En otro segmento se refiere a que su oficina ha documentado hostigamiento en contra de algunas autoridades universitarias, por lo que considera positiva la decisión del TSJ de suspender la medida cautelar de agosto de 2019 que amenazaba la autonomía universitaria.
Tratos crueles y degradantes contra los privados de libertad
En el tema de los detenidos en instalaciones del SEBIN, DGCIM y otros recintos penales, Bachellet afirma que su equipo sigue recibiendo denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes, sobre todo, en la sede de la Dirección General Contra Inteligencia Militar en Caracas.
Los comunicadores sociales que han sido agredidos recientemente en la cobertura de manifestaciones de corte político también recibieron un espaldarazo de la Alta Comisionada.
No le gustan las sanciones económicas contra el gobierno
Bachellet sigue sosteniendo que las sanciones económicas impuestas por varios gobiernos a funcionarios de la administración Nicolás Maduro continúan afectando el ejercicio de los derechos económicos y sociales.
En concreto, habla de las recientes medidas contra Conviasa, PDVSA, lo cual, según su criterio, hacen que disminuyan los recursos del gobierno destinados al gasto social como la compra de medicinas, insumos para la acción humanitaria y prestación de servicios públicos.
Sin embargo, hace un fuerte llamado de atención al gobierno nacional cuando señala que todavía hay 38 niños que siguen en lista de espera por un trasplante. También reseñó la muerte de 6 infantes que han muerto por la misma causa.
En este renglón se refirió a la situación crítica del hospital José Manuel de Los Ríos. «A finales de 2019 solo el 21% de las camas se encontraba operativas».
Igualmente mostró su preocupación por las cifras del reciente informe del Programa Mundial de Alimentos que reporta que 2 millones 300 mil personas se encuentran en inseguridad alimentaria severa y 7 millones en inseguridad alimentaria moderada.
Emite un alerta que pone sobre la migración masiva de venezolanos a varios países, cuyo número ya alcanzaría las 5 millones de personas, según la Plataforma Regional de Naciones Unidas.
Finalmente la diplomática exhorta, y confía, a que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral y garantizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles.
Dice valorar todos estos esfuerzos y reitera su llamado a todas las partes a que actúen con altura para evitar un mayor escalamiento de la violencia en el país.
