Marino Alvarado, Coordinador de Exigibilidad de la ONG Provea, indicó que a un año de la masacre de El Ripial en el Alto Apure, donde fueron ejecutadas cinco personas, entre ellas 4 integrantes de una misma familia, los organismos internacionales de protección han estado al tanto de lo que está ocurriendo en en esa zona fronteriza desde el año pasado.
Entre estos organismos que manejan la información están la Misión de Determinación de los Hechos, establecida por mandato de la ONU, igualmente la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA.
Sin embargo, el activista aclaró que les preocupa que hay elementos que indican que no hay voluntad por parte del Estado venezolano de investigar a los autores materiales y las cadenas de mando sobre esa masacre.
Comentó Alvarado que esta inacción contradice el memorándum de entendimiento que suscribió el Estado venezolano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que los obliga a realizar investigaciones genuinas en aquellas situaciones en las cuales se presume se hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
“Las ejecuciones extrajudiciales están catalogadas como crímenes de lesa humanidad, y es obligación del Ministerio Público investigar, no solo a los autores materiales del asesinato de estas cinco personas, sino al cadena de mando de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) , porque presuntamente fueron estos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana quienes ejecutaron estos asesinatos, y los oficiales de la Fuerza Armada que dirigían estos operativos militares en ese momento”, expresó el miembro de Provea.
¿Qué ocurrió ese 25 de marzo de 2021?
Como se recordará, las 5 víctimas fueron llevadas con vida desde el barrio 5 de julio en La Victoria, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Páez, Apure, y aparecieron luego, a kilómetro y medio, en la localidad El Ripial, sin vida, con tiros de gracia y con indumentaria militar.
El gobierno presentó un boletín informativo reseñándolos como «terroristas» que fueron abatidos por funcionarios de seguridad, en medio de los combates que libraban contra los irregulares armados.
De acuerdo a la versión de varios testigos, tanto vecinos como familiares, aseguraron que se trató de un falso positivo, en el cual se asesinó a personas inocentes para aparentar eficiencia en el conflicto armado contra grupos armados irregulares que viene registrándose desde el 21 de marzo de 2021.
Las víctimas de esta masacre fueron identificadas como Luz Dey Remolina, Emilio Ramírez, ambos esposos, Ehiner Yafran Anzola Villamizar, hermano de Emilio; Jefferson Uriel Ramírez, hijo de la pareja, y Julio Cesar Jiménez.
Los primeros cuatro integraban un núcleo familiar y el ultimo se dedicaba al oficio de panadería en La Victoria, conforme a los relatos de su madre, quien hasta la presente fecha no le han permitido ver el acta de defunción de su hijo, incluso sólo pudo ver el cuerpo a través de fotografías en redes sociales, a pesar de que viajó desde Cabimas, Zulia, a Guasdualito, capital del municipio Páez sin éxito alguno.
Por su parte, el diputado jubilado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, señaló que le solicitan al Fiscal General de la República, Tarek William Saab que se pronuncie al respecto.
Vale recordar que día después del hecho el propio titular del Ministerio Público anunciaba que comisionaba a una comisión de fiscales especiales para iniciar las investigaciones.
Con similar tenor declaró el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, quien aseguraba que funcionarios del organismo coordinaban las averiguaciones con el Ministerio de la Defensa. A un año después ninguno de los dos entes ha presentado un informe al respecto.
Expresó Marino Alvarado, Coordinador de Exigibilidad de Provea, que también deben ser investigadas las denuncias de los 31 civiles detenidos en medio del conflicto, entre ellos un joven con diversidad funcional. Un grupo se encuentra recluido en la cárcel de Santa Ana, Táchira, y otro en El Rodeo, Miranda.
Dice haber recibido denuncias por parte de los familiares que han sido sometidos a torturas. Márquez también advirtió que luego de un año de estar privados de libertad este caso se encuentra paralizado en los tribunales.
Ambos defensores instaron al Estado venezolano a pronunciarse y acometer acciones evidentes para que todas estas violaciones de derechos humanos no queden impunes.
