Masacre de El Ripial de Apure: 9 meses de puro silencio e impunidad

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Masacre de El Ripial
Los 4 miembros de la familia Ramírez Remolina/Cortesía

El 25 de marzo de 2021, a 4 días de haberse iniciado el conflicto armado en la población de La Victoria, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Páez del estado Apure, se conoció de la ejecución extrajudicial de 5 personas en la localidad de El Ripial.

Las primeras informaciones que aportaron los lugareños reseñaron que Luz Dey Remolina; Emilio Ramírez; Ehiner Yafran Anzola Villamizar; Jeferson Uriel Ramírez y Julio Cesar Jiménez, los 4 primeros miembros de una misma familia, fueron asesinados por efectivos de las FAES, que inexplicablemente intervenían en el enfrentamiento entre la FANB y grupos irregulares.

Los testimonios indicaban que los uniformados irrumpieron violentamente en las casas de las víctimas, ubicadas en La Victoria, y luego fueron encontrados muertos con varios tiros en sus cuerpos y con indumentarias militares en una finca de El Ripial.

Sus conocidos y el hijo de la pareja de Luz Dey Remolina y Emilio Ramírez, aseguraron que sus familiares no eran guerrilleros ni terroristas como los hicieron ver en el primer boletín oficial.

Por su parte, la madre de Julio César Jiménez declaró que su hijo también era inocente y que era trabajador de una panadería de La Victoria. Luego del hecho la señora viajó desde Cabimas, estado Zulia, hacia la población de Guasdualito para conocer el paradero del cuerpo de su hijo.

A 9 meses de la llamada masacre de El Ripial no se conoce ningún tipo de investigación y en consecuencia la determinación de responsabilidades intelectuales ni materiales.

Vale recordar que al día siguiente del condenable hecho en El Ripial, el viernes 26 de marzo, el Fiscal General de la República, impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tareck William Saab, anunció el envío de una Comisión del Ministerio Público para investigar esta masacre, luego de la denuncia realizada por familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos como FundaRedes, Fundación El Amparo y PROVEA. 

También, dos semanas después, específicamente el 6 de abril, el Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz anunciaba  que se mantenía una comisión especial de su despacho en la parroquia Rafael Urdaneta con el fin de realizar investigaciones sobre lo sucedido.

Ruiz indicaba que el trabajo de la Defensoría en el sitio se ejecutaba en coordinación con los fiscales especiales del Ministerio Público, asignados para el caso, y autoridades militares de la zona y que en el caso de las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales manifestó que las mismas estaban siendo investigadas.

Pero tales anuncios por ambos funcionarios quedaron en meras palabras. Del conflicto armado en La Victoria ya casi nadie habla. Mucho menos de este caso de ejecución extrajudicial ni tampoco de los militares muertos en medio de los enfrentamientos.

ONG de derechos humanos en Venezuela manifiestan que la impunidad en este tipo de hechos donde se ven involucrados funcionarios de seguridad del Estado impide la aplicación de la justicia reparadora y otorga carta abierta para que se sigan cometiendo más crímenes de esta clase.

Por lo pronto, campesinos y ciudadanos de La Victoria manifiestan que la situación en la zona sigue siendo difícil debido a la todavía presencia de grupos subversivos.