Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, valoró como positivo la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) de continuar las investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Daniels, al igual que el activista Carlos Lusverti, también cree que esta decisión es una “victoria de las víctimas” en su lucha por lograr justicia.
El abogado agregó, en entrevista para el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, que de acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno venezolano a la CPI, apenas el 2,5 % de más de 890 casos tienen sentencia, lo que quiere decir que “el nivel de impunidad en Venezuela es de 97,5 %”.
Por otra parte, destacó que las dos terceras partes de las investigaciones se encuentran en etapa inicial, lo que también evidencia que no existe voluntad por parte del Estado.
Resaltó que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI “ha señalado que en Venezuela no se juzga a los responsables de crímenes de lesa humanidad, no se realizan las investigaciones necesarias y no hay mucha voluntad del Estado para que haya justicia”.
Hecho histórico
Ali Daniels añadió que este es un hecho histórico y trascendente, pues se debe entender que Venezuela es el único país en América Latina que ha llegado tan lejos en un proceso ante la Corte Penal Internacional.
Aseguró que la Sala determina que en los pocos casos donde ha habido investigación, solo se sentencia a los perpetradores materiales directos y no a las cadenas de mando.
Añadió que en segundo término se señala que ha habido una “inexplicable” inactividad en la investigación de muchos casos como, según el jurista, ocurre con algunos casos que datan del 2014.
“Lo que determina que un país esté cumpliendo con el estatuto de Roma, es que haya sanciones efectivas contra los responsables”, explicó.
“Los Estados que firman el estatuto de Roma deben incorporar a sus legislaciones nacional los delitos y en el caso particular de Venezuela no es coincidencia que uno de los delitos que no se han incorporado al Código Penal, es el delito de persecución. Entonces, ¿cómo habrá una investigación sobre persecución si ese delito no existe? Esto pone de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno de perseguir a los responsables cuando sus conductas delictivas son consideradas como tales en el ordenamiento nacional”.
Decisión del gobierno venezolano
El Gobierno venezolano manifestó este martes su desacuerdo con la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de autorizar la reanudación de la investigación al país por presuntos crímenes de lesa humanidad, una medida a la cual el Ejecutivo recurrirá ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal.
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