Abrieron investigación contra Guaidó por el caso Monómeros

Foto: referencial.

El Fiscal General de la República, designado por la disuelta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que abrió una investigación contra el líder de la oposición Juan Guaidó, por el caso de la empresa Monómeros.

A través de Twitter, Saab expresó que se investigará a Guaidó por presuntamente incurrir en usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir.

Afirmó que para este caso fueron designados los fiscales 22 y 73, ambos con competencia nacional.

El anuncio de Saab llegó después de que Guaidó respaldó este martes la decisión de la Supersociedades de Colombia de intervenir la administración de Monómeros, que tiene sede y operación en Barranquilla, Colombia.

El líder opositor aseguró que la compañía debe ser administrada en función de los intereses de Venezuela.

«Monómeros es y va a ser de los venezolanos, expresó Guaidó, sobre esta filial de la estatal Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven).

Su presidenta renunció

La presidenta de la junta directiva de la empresa Monómeros, Carmen Elisa Hernández, presentó su renuncia «irrevocable» este lunes 13 de septiembre.

Hernández indicó que la decisión se debe a que está en desacuerdo con la posición de la actual gerencia general de la compañía y demás miembros de la junta directiva.

Explicó que su postura es contraria a la acción de contravenir la resolución de la Superintendencia de Sociedades.

También acotó que se ponen en riesgo 600 empleos directos y más de 1.000 indirectos.

Hernández señaló que la medida de toma de control de Monómeros adoptada por parte de la Superintendencia de Sociedades «se constituye como el único mecanismo para proteger Monómeros y permitirle superar la grave situación en la que se encuentra».

Intervención de Colombia

La Superintendencia de Sociedades de Colombia informó el pasado 6 de septiembre que sometió a «control» a Monómeros, mediante una resolución que ya había adoptado desde el 20 de agosto.

De acuerdo con la institución colombiana, la intervención a la empresa venezolana busca «subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo».

Entretanto, la administración del Presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó la acción como un «robo» y anunció que emprenderá medidas judiciales para recuperar la empresa que fue confiscada.