Para la profesora Jessy Aleta, lo que sucedió con el joven Rufo Chacón en Táchira responde a un patrón de conducta de los cuerpos de seguridad del Estado.
La docente de la Universidad Católica del Táchira (UCAT) precisó a Radio Fe y Alegría que desde hace un año las protestas por falta de gas se han intensificado, haciendo habitual que la gente cierre las calles con los cilindros vacíos para manifestar su molestia por la carencia del servicio.
En este contexto fue que la policía, en una acción de represión contra un grupo de personas que protestaba por falta de gas, dejó ciego al joven Rufo Chacón de 16 años de edad al dispararle perdigones a quema ropa al rostro.
La investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia, capítulo Táchira, manifestó que lo que más le ha llamado la atención en este caso es que no se trataba de una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, sino que era una protesta por un servicio público básico y en la que no había una gran multitud de personas trancando la calle, pues era una más de las que hay todos los días.
Destacó que si bien la Guardia Nacional y la Policía ya han actuado en otras ocasiones para dispersar protestas de este tipo, nunca antes se había visto una acción de violencia o agresión directa como la sufrida por el joven.
Sin embargo, a juicio de la profesora Aleta, lo que sucedió con el adolescente responde a un patrón de conducta de los cuerpos de seguridad del Estado, indicó que en las investigaciones que han hecho sobre casos similares los familiares de las víctimas señalan que los funcionarios actúan de una forma desalmada.
Advierten que no hay una formación humanística, dijo «en este caso uno también pudiera decir bueno recibieron una orden, pero hay una dimensión de la libertad humana, es decir, las personas pueden decidir hacerlo o no hacerlo, y resulta que todos estos funcionarios públicos han decidido hacerlo».
Manifestó su indignación por declaraciones de algunas autoridades que han asegurado que son respetuosos de los derechos humanos obviando que estos funcionarios policiales son representantes del Estado, «no pueden decir nosotros somos garantes de los derechos humanos y que la culpa es directamente de esos policías».
Recordó que en el estado Táchira los cuerpos de seguridad han asesinado a jóvenes a golpes en protestas contra el gobierno de Maduro, dijo que el Plan República ha asesinado a jóvenes en contexto de elecciones, por lo que afirma que en este estado particularmente la actuación de los funcionarios públicos ha sido de agresión directa contra la integridad de los jóvenes, precisó «ha sido un patrón de conducta: hombres, menores de edad, estudiantes».
Recordó también el asesinato de Kluivert Rojas de 14 años de edad a manos de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana durante una protesta registrada el 24 de febrero de 2015 en el sector Barrio Obrero de San Cristóbal, e insistió en que en esta ocasión, Rufo no estaba en una protesta contra el gobierno de Maduro sino por un servicio básico, donde acompañaba a su mamá, lo que además evidencia una fragilidad del Estado venezolano para garantizar la atención de la necesidades más básicas de la población.
