El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, consideró que la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fue “muy apresurada”.
Daniels dijo, en el programa En Este País que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, que el Estado lo que pretende es “perseguir a las organizaciones” y criticó que el mismo día de su aprobación, los diputados de la Asamblea Nacional (AN) cambiaron el nombre de la ley en tres oportunidades, dejando en evidencia la improvisación.
El argumento fundamental del proyecto, según Daniels, es que «las ONG están haciendo lo que les da la gana y no están reguladas y eso no es verdad».
«El régimen jurídico de las organizaciones están en el Código Civil Venezolano y asimismo están registradas en el Seniat, Inces, entre otras”, dijo.
Persecución contra las ONG
Daniels desmintió que las organizaciones no gubernamentales que manejan ayuda humanitaria, por ejemplo, no rinden cuentas. “Eso es falso. Todo eso se canaliza a través de las Naciones Unidas”, apuntó.
El abogado señaló que el Estado sabe cuáles son las ONG que reciben ayuda, cuáles son los programas de Naciones Unidas donde se aplica y quiénes son los beneficiarios.
“El Gobierno nacional tiene cinco años que no publica el presupuesto nacional, tampoco publica las Memoria y Cuenta de los ministerios. Entonces cómo pide cuentas, si el Estado no las ofrece”, criticó.
Por ello, insistió Danils, lo que «hay detrás de todo esto» no es otra cosa que “una persecución que busca ilegalizar a las organizaciones, para justamente acallarlas”.
Las ONG no son actores políticos, sino por el contrario «somos actores de defensa de los derechos humanos que buscan cambios en las políticas públicas», puntualizó.
¿Qué implican los cambios?
De acuerdo con Daniels, esta ley cambia en primer lugar el régimen de las ONG. Hasta ahora las organizaciones tenían un régimen de derecho privado, pero una vez que se modifique la ley, estas estructuras deberán agregar a sus estatutos unos objetivos, fines y actividades impuestas por el Estado.
Por otra parte, señaló que el nuevo instrumento prohíbe a las organizaciones toda actividad política. «Sin embargo, es bueno destacar que una cosa es la actividad político partidista y otra es no ejercer un derecho político, como por ejemplo la libertad de expresión, que es un derecho civil y político», explicó.
«Por ello, reiteramos que esta ley busca callar y obligar a los actores a no criticar los asuntos públicos», señaló.
El jurista también criticó la cantidad de requisititos que deben cumplir, como por ejemplo la declaración jurada de patrimonio, que solo es aplicable a los funcionarios públicos que manejan dinero público. “Nosotros no manejamos dinero del Estado venezolano», dijo.
Finalmente, criticó las sanciones y multas, señalando que la más pequeña tendrá un costo de 3.000 dólares y la más alta es de 12.000 dólares. «Ninguna organización puede pagar en caso de ser sancionado», advirtió.
«Esta ley es punitiva y totalitaria lo que desnaturaliza a las Organizaciones No Gubernamentales y las convierte en instrumento del Estado, violando los estándares internacionales de derechos humanos que ha firmado Venezuela”, sentenció Daniels.
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