El abogado y especialista en Ciencias Políticas, José Vicente Haro, considera necesario que la Asamblea Nacional inicie una investigación independiente sobre las denuncias de corrupción publicadas por el portal armando.info.
Haro explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que si bien existe una investigación periodística, el parlamento debe formalizar dicho proceso designando una comisión especial de investigación:
«Debe designarse una comisión especial para que diputados de las diferentes fracciones recaben las pruebas correspondientes, tomen entrevista y audiencia a los diputados implicados supuestamente en los hechos, lleguen a las conclusiones y presenten el informe correspondiente.»
Detalló además que, si bien Juan Guaidó como presidente del parlamento, anunció la suspensión de los diputados implicados, es necesario que dicha suspensión se formalice a través de la aplicación del artículo 187 numeral 20 de la Constitución Nacional:
«De conformidad con el artículo 187 númeral 20 de la Constitución, la Asamblea Nacional debe acordar la suspensión o separación temporal de los diputados objeto de investigación. Para ello debe someterse a votación de los parlamentarios la suspensión de esos diputados mientras dure la investigación y convocar a los respectivos suplentes.»
Además, destacó que es necesario que esta comisión especial investigue a los particulares señalados en los documentos publicados por el portal informativo, no sólo a los diputados.
Para él, dicha comisión especial debería abarcar a todas las personas mencionadas y analizar todos los métodos que podrían estar contrarios a la ley.
La Asamblea Nacional no ha perdido sus funciones constitucionales
Además de la investigación, José Vicente Haro indicó que el parlamento debería revocar cualquier acto que comprenda un acto ilícito:
«La plenaria del parlamento debe revocar estos actos parlamentarios en forma de ley, estos actos que han sido emitidos desde la Comisión de Contraloría y que han sido denunciados como actos de corrupción o tráfico de influencias», comentó.
Por último, el especialista señaló que es necesario «descartar» el argumento del desacato planteado por el Tribunal Supremo de Justicia y entender que el parlamento «no ha perdido sus funciones constitucionales y atribuciones de control político».
Escuche a continuación la entrevista completa:
