La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó que en el 2021 registraron 743 ataques contra defensores de derechos humanos, lo que representa un aumento de 145% con respecto a 2020.
Asimismo, detalló que el 2021 estuvo marcado por «el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, donde la política de criminalización, represión y control social recrudeció, generando graves afectaciones a las libertades fundamentales, principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos».
El CDJ colocó como ejemplo la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela como la del director de Fundaredes, Javier Tarazona, quien fue detenido el 2 de julio por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García. Los dos últimos fueron excarcelados en octubre.
Este hecho sucedió cuando Tarazona fue al Ministerio Público para denunciar que era víctima de acoso y persecución en Falcón.
Diferentes organizaciones de derechos humanos han exigido su libertad como Amnistía Internacional, que el pasado 14 de enero reiteró su solicitud y advirtió sobre su estado de salud.
«El preso de conciencia y defensor de derechos humanos Javier Tarazona debe ser liberado inmediata e incondicionalmente. Su situación de salud es grave y su detención (es) arbitraria (y) motivada por su defensa de derechos humanos», expresó Amnistía Internacional.
El Centro para los Defensores y la Justicia señaló al 2021 como uno de los años «más complejos y hostiles para la defensa de los derechos humanos».
«El Estado venezolano siguió aplicando la tesis del enemigo interno y la doctrina de la seguridad nacional mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales», denunció.
Según el informe del CDJ el mes en el que ocurrieron más ataques fue julio, con 140 casos. Le siguen abril (115), enero (99), octubre (73), marzo (56) y septiembre (49).
«Aumentaron los niveles de riesgo para el movimiento de derechos humanos en el país. El incremento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales fueron empleados para justificar la tesis del enemigo interno», detalló la ONG.
Por otro lado, la organización indicó que existieron 502 casos de estigmatización, 16 detenciones arbitrarias, 125 hostigamientos, 15 judicializaciones, 50 amenazas, 13 ataques digitales, 5 allanamientos, entre otros.
De igual forma, resaltó que los principales responsables de los ataques e incidentes se dividen entre los medios de comunicación del Estado (229), funcionarios públicos (221), personas o agrupaciones afectas a los intereses del Estado (127), instituciones públicas (103) y organismos de seguridad del Estado (63).
