Durante el primer semestre de 2023, se registraron 309 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en Venezuela según reportó el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
Estos ataques representan un aumento del 44 % en comparación con el mismo período del año anterior.
El informe del CDJ destaca que el Estado venezolano ha intensificado una “política de criminalización” dirigida a quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en el país.
“Se acentuaron las medidas fácticas y legales para criminalizar, limitar y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de derechos, bajo la lógica del enemigo interno, aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones defensoras en el país”, señaló la organización.
Según destacaron en su boletín, entre enero y junio de 2023 se documentaron acciones para obstaculizar y limitar las actividades de los defensores que enfrentan la Emergencia Humanitaria Compleja y responden a la crisis de derechos humanos en Venezuela.
Características de las “agresiones” a defensores
Los principales patrones de agresión y amedrentamiento incluyen estigmatización, intimidación, amenazas, detención arbitraria, entre otros. Estos se contabilizaron de la siguiente manera:
- Estigmatización: 191
- Intimidación y Hostigamiento: 70
- Amenazas: 35
- Detención Arbitraria: 4
- Otros: 4
- Ataques Digitales: 3
- Judicialización: 2
Alertaron sobre la reducción del espacio cívico
Para el CDJ, estas acciones comprometen los derechos de las personas, defensores de derechos humanos y organizaciones. Además, destacó que estas medidas restringen de manera arbitraria los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacífica e inclusive ponen en peligro la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela.
Ante ello, el CDJ alertó sobre la reducción del espacio cívico y democrático en el país y, por ende, exhortó a las autoridades a cesar los actos de intimidación y hostigamiento. También a garantizar un entorno seguro para la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos en el país.
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