La abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna Romero, reveló que en lo que va de este año 2023 se han contabilizado 288 agresiones a la defensa, promoción y exigencia de derechos.
Esta cifra le preocupa porque es un número alto que refleja que todavía en Venezuela se vulneran los derechos humanos “que van desde amenazas, intimidaciones, hostigamiento, promoción en leyes restrictivas, ataques digitales y otros tipos de patrones que demuestran que a pesar de que la comunidad internacional tiene su mirada en Venezuela”.
“La respuesta del Estado sigue siendo, lamentablemente, continuar con la criminalización, represión y el control social”, agregó Romero.
Así lo dijo este 28 de junio en una participación en el foro Situación del Espacio Cívico en Venezuela, un evento organizado por Amnistía Internacional junto a otras organizaciones de derechos humanos.
Romero, durante su participación, recordó que entre 2017 y 2022 han ocurrido 2 mil 50 agresiones de la misma índole, según registra el Centro.
Mencionó que los órganos internacionales han dado recomendaciones y han activado mecanismos sobre la importancia de investigar las violaciones de derechos humanos, combatir la impunidad, el cese de la persecución, represión a la protesta, uso excesivo de la fuerza, el respeto a la libertad de opinión y expresión, modificar las legislaciones, la independencia y separación de los Poderes en Venezuela, pero aún así “el Estado no tiene una intención real de cumplir”.
“El Estado no cumple con sus compromisos internacionales a los cuales se ha adherido en el ejercicio de su propia soberanía, sino que, además, sigue profundizando el cierre del espacio cívico y democrático al continuar con las medidas represivas, política de criminalización, estigmatización y llamados de violencia”, dijo Marianna Romero.
“Esto se ha traducido en que un defensor de derechos humanos (Javier Tarazona) tenga que cumplir años privado de libertad. Líderes sindicales y trabajadores sociales por exigir derechos se enfrentan a procesos penales. Los medios y trabajadores de la prensa se enfrentan a censura y persecución. La ciudadanía en general sigue enfrentada a una lógica de temor por estas actividades represivas que buscan controlar y evitar que ejerzan libertades fundamentales”, añadió.
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