En Venezuela aumentó la criminalización contra los defensores de derechos humanos

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El Centro para los Defensores y la Justicia registró 214 ataques e incidentes de seguridad entre enero y junio del año 2022 a las personas defensoras de derechos humanos en el país.

Estos datos fueron registradso en su informe sobre la “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela- Primer semestre del 2022″.

Marianna Romero, directora y abogada de este centro, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que existe un avance en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción respondiendo a la crisis de los derechos humanos.

Romero destacó que estos ataques están caracterizados en primer lugar con campañas de estigmatización por parte de distintos funcionarios del Estado o terceras personas afines a los intereses del Ejecutivo Nacional a través de redes sociales y plataformas comunicacionales.

“Incluyen medios digitales, muchos de ellos pertenecientes al Sistema Nacional de Medios Públicos, los cuales utilizan estas plataformas para emitir discursos de odio, de llamados a la violencia para desprestigiar y desacreditar el trabajo denuncia de la sociedad civil”, manifestó.

Incremento de actos de intimidación

Del mismo modo, resaltó que han identificado un incremento entre los actos de intimidación, hostigamiento, persecución e intentos de obstaculizar el desarrollo de actividades que realiza la sociedad civil.

La abogada señaló que en tercer lugar se encuentran las amenazas con investigaciones penales, con aprobación de legislación restrictiva, entre otros.

Asimismo, expresó que las “agresiones contra la vida y la integridad es muestra de que es una política de criminalización que sigue tomando fuerza y en los últimos el incremento de los ataques así lo demuestra, al igual que el uso de la legislación penal”.

“El intento de aprobación de una Ley de Cooperación Internacional está lejos de estar ajustado a los estándares internacionales. Solo busca generar mayores controles y obstáculos a las organizaciones de derechos humanos e incluso la posibilidad de ilegalizar aquellas que resulten contrarias”, enfatizó.

La directora del Centro para los Defensores y la Justicia dijo que el uso de la acción penal y restrictiva está atentando contra la democracia del país, por lo que consideran estas acciones como una persecución para “criminalizar y afectar el trabajo de defensa, promoción y exigencia derechos humanos”.