La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la resolución 15/2023 con fecha de 1 de abril, otorgó medidas cautelares en favor de siete sindicalistas venezolanos que, según el organismo, se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Según el organismo, estos sindicalistas han tenido un rol de liderazgo en las manifestaciones desde 2022.
También se resalta la inconformidad con la aprobación de un instructivo técnico por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que, entre otras cosas, habría establecido el recorte de pagos de salarios y desaplicado convenciones colectivas.
Los favorecidos con la medida son Anneliese Toledo Castillo, Carlos Salazar Ojeda, Elsa Castillo, José Patines Guanique, Leída Rosa Brito, Petra Monasterios y Rafael Arreaza Padilla, quienes pertenecen a la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores (CSNT).
Según reseñan medios locales, estas personas han sufrido reiteradas amenazas, hostigamientos y vigilancia por parte de agentes del Estado por participar en las manifestaciones.
Las recomendaciones de la CIDH
La CIDH solicitó al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de estas personas.
Adopte las medidas de protección que resulten necesarias para que estas personas puedan continuar realizando sus actividades de liderazgo sindical sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia.
Asimismo, también pide que se informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
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