En el marco de los anuncios hechos por la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, en los que informó sobre una reunión la próxima semana entre el propietario de Fospuca, José Simón Elarba, y representantes del sector comercial en Caroní, comerciantes guayaneses se mantienen a la expectativa sobre el futuro de la recolectora de desechos en la localidad.
Radio Fe y Alegría Noticias conversó con algunos representantes comerciales de empresas ubicadas en distintos puntos de la ciudad para conocer sus impresiones. El sentir colectivo es que Fospuca debería continuar su labor en Caroní, pero buscar un nuevo método para fijar sus tarifas.
“El gran impacto para los comerciantes es que debilita la productividad en el municipio Caroní. Estamos hablando de que son unos precios que están elevados; muchas empresas, como lo es la feria, no pueden costear esos servicios. Lo que se quiere es que ajuste, no que se deje de prestar el servicio, sino que se ajuste a algo racional. Que todos salgamos beneficiados. Sí queremos el servicio de recolección, pero que sea algo ajustado a la capacidad de pago de nosotros”, expresó el propietario de una feria de hortalizas en la avenida Atlántico.
Por su parte, el dueño de una panadería en San Félix, parroquia Dalla Costa, alegó que es importante revisar el método de cálculo de las tarifas, ya que, según la información disponible, se fundamentan en los metros cuadrados que posee el local y no en la generación de desechos, lo que va en contra de la Ley de Armonización Tributaria.
“La ciudad sí está más limpia. La cuestión es que no está clara la forma en que ellos ajustaron su tarifa a las personas. Lo que sé es que es por los metros cuadrados de la empresa, pero eso sin tomar en cuenta la actividad comercial de la empresa. Se supone que si recolectan basura, deberían pagar más las empresas que produzcan más basura. O ajustar el precio del metro cuadrado a algo más barato. Hay que tener consideraciones a la hora de cobrar”, expresó la fuente.
Tasas confiscatorias por impago a Fospuca: la realidad del sector comercial en Caroní
Radio Fe y Alegría Noticias dio cobertura a más de 10 protestas entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 vinculadas a reclamos ciudadanos por las altas tarifas que cobra Fospuca en la localidad, las cuales van desde los 50 hasta los 1.200 dólares.
En este sentido, destacan importantes casos como el de las empresas Toyogil, Respuestos Starmotors y Corporación El Tigre, las cuales fueron embargadas por la recolectora de desechos debido a la falta de pago.
Asimismo, los casos han llegado hasta el Tribunal Supremo de Justicia, puesto que la Superintendencia de Tributos de Caroní promovió una solvencia única municipal que obliga al contribuyente a estar al día con el servicio para poder declarar impuestos, lo que abogados de la localidad califican como ilegal.
La tasa, tributo que se cobra para recibir la contraprestación de un servicio público, que se debe cancelar por el servicio de recolección de desechos en algunos casos supera los ingresos brutos de las compañías. En casos como el sector industrial, por ejemplo, grandes galpones o fábricas operan tan solo al 10 % de su capacidad.
Debido a esto, especialistas tributarios consideran esta tasa como confiscatoria.
“Yo como comerciante que tengo en este andar más de 35 años batallando todos los días, he visto situaciones con Fospuca Caroní. Hay que buscar otra manera de cálculo porque en verdad las altas tarifas son demasiado difíciles de cancelar. Tampoco estamos de acuerdo con que por falta de pago con el servicio, se bloquee el portal para el pago de impuestos a la Alcaldía de Caroní. Cuando se presenta morosidad, eres automáticamente bloqueado y eso acarreaba multas y situaciones fiscales que, en vez de darle apoyo a la economía regional, va en retroceso. Muchos negocios cerraron su santamaría por esa situación”, explicó el propietario de una licorería local.
Camcaroní: “El alto costo del servicio genera una carga desproporcionada”
Para la presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar, Zurimar Gutiérrez, la situación afecta especialmente a los medianos y pequeños comerciantes, quienes luchan por mantenerse a flote ante la inflación y la inestabilidad cambiaria.
“Esta situación no solamente afecta la rentabilidad y la competitividad de las empresas, sino que también desincentiva la inversión en un contexto donde los márgenes de ganancia ya están reducidos. Imponer tarifas sin una consulta y sin considerar la realidad operativa del empresario local, limita las posibilidades de crecimiento económico”, puntualizó la gremialista.
Asimismo, Gutiérrez celebró la maniobra realizada por las autoridades regionales como un “paso en la dirección correcta”; sin embargo, sugirió elevar una mesa técnica para crear un sistema escalonado de tarifas según la generación real de desechos.
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