Bajo la premisa “aseo sí, estafa no”, guayaneses se dirigieron con pancartas y consignas hacia los tribunales de Puerto Ordaz con el fin de reclamar las arbitrariedades y demandas ejecutadas por la empresa privada Fospuca, encargada desde noviembre de 2022 de la recolección de desechos en el municipio.
La Asamblea de Ciudadanos, agrupación que recoge los reclamos del sector comercial con respecto al pago de tasa por recolección de desechos, enfatizó en que hay más de 70 procesos legales abiertos, debido a demandas hechas por Fospuca a comerciantes de la ciudad.
“El número de solicitudes de embargo que ha circulado durante todo este año en los tribunales de la ciudad alcanzan hasta los 200 que han sido tramitados. Algunos han logrado acuerdos y terminaron pagando temerosos de que les cerraran. El único que asumió enfrentarlos con la ley fue Respuestos Stars Motors. Ha habido mucha opacidad. Se habla de entre 70 y 110 trámites de embargo que están vigentes”, declaró Simón Yegres, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos.
Los afectados denuncian que los jueces encargados de llevar los casos han favorecido a la empresa. Asimismo, destacan que la alcaldía y la Superintendencia de Tributos continúan tomando medidas ilegales contra la ciudadanía al bloquear el portal fiscal para declarar impuestos a quienes estén insolventes con el servicio.
Bloqueo del portal: una medida de coacción al ciudadano
En febrero de 2023, la Asamblea de Ciudadanos interpuso un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) alegando el bloque del portal fiscal como una medida que impide que los guayaneses cumplan su deber de pagar impuestos.
Sobre esto, el TSJ se pronunció en julio ordenando a la Superintendencia de Tributos rendir cuentas sobre esta situación que consideró como “un mecanismo de presión no tiene fundamento en previsión legal alguna”, según la sentencia 0953 que reposa en el expediente número 23-0204.
“Yo represento a la Tapicería Padilla. Desde el año pasado, para este mes exactamente, hace un año, ellos interpusieron unas facturas para que se les cancele un dinero que nosotros no hemos firmado. Eso está ocurriendo hasta la fecha de hoy. Es un monto impagable, supuestamente, es el pago del relleno sanitario que viene por la parte de Corpoelec que no tiene ni sentido. Por Fospuca cobran el aseo y por Corpoelec el relleno sanitario. Nos tienen bloqueado el acceso al portal. Nosotros no hemos podido pagar los impuestos, siempre hemos estado al día como empresa, pero estamos bloqueados. Nuestra tapicería tiene una deuda que pasa los 8000 dólares. Eso debe sacarse por la cantidad de factura que haces al mes”, declaró Imirna Bermúdez, propietaria de Tapicería Padilla.
Estas declaraciones hacen referencia al pago por el servicio de relleno sanitario -el cual en Guayana es un vertedero a cielo abierto- que se carga a la factura de la electricidad a través de la Compañía Eléctrica Nacional (Corpoelec).
Embargo de mercancía: forma alternativa de cobro
“Jueza Mayra Urbaneja Zabaleta y demás juezas de Puerto Ordaz: Guayana exige justicia”, rezaba una de las pancartas llevadas a la manifestación.
Los protestantes alegaron que todas las juezas que han llevado los casos de litigio con Fospuca Caroní son provisorias y nuevas en el ejercicio. Asimismo, aseguran que las autoridades judiciales han fallado siempre a favor de la recolectora de desechos.
“Estamos aquí por las arbitrariedades de la empresa Fospuca, en cuanto a los montos exagerados, los embargos y las estafas. Los montos son demasiado altos. Yo soy representante de Servicauchos El Punto. El día jueves hubo una orden de embargo y una demanda, con la cual se llegaron a mi empresa. Habíamos llegado a un acuerdo con la jueza de depositarle un dinero en cuanto al embargo y no sé qué pasó que echó todo para atrás. Llegaron allí con un depositario que no está legalmente constituido; ese señor calculó el valor de los cacuhos mucho más bajo de lo que realmente sale para quitarme mercancía supuestamente para pagar la deuda. No sabemos el fin de qué harán con eso. Es la jueza Mayra Urbaneja”, expresó José Abanero, propietario de una cauchera con 13 años de antigüedad en San Félix.
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