Comité de derechos humanos de la Guajira alza su voz contra la represión

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Este 12 de octubre en la Guajira venezolana más que celebrar el pueblo indígena Wayuu tiene mucho que lamentar y gritar a viva voz.

El comité de derechos humanos de la Guajira es el que lleva la voz cantante en este asunto. Ha emitido un pronunciamiento público para denunciar y repudiar la represión violenta de la fuerzas de seguridad del Estado contra la Gran Nación Wayuu que manifestaba pacíficamente en el territorio ancestral de Paraguaipoa el día 7 de octubre de 2020, para exigir
servicios públicos básicos como electricidad, agua, gas, transporte, alimentos.

Son exigencias legítimas ante la indiferencia y negativa de las autoridades municipales y regionales a las necesidades de la población indígena wayuu que subsiste precariamente en medio la emergencia humanitaria compleja que se ha profundizado con la COVID-19 y que ha afectado a niños, ancianos y mujeres de la Guajira venezolana.

Aclara el comité que la manifestación del pueblo wayuu siempre ha sido pacífica durante estos días.

Rememora que a partir del 2 de octubre más de 70 comunidades se encontraban sin servicio eléctrico, con apagones de hasta 2 días seguidos; sumado a la imposibilidad en las telecomunicaciones por cuanto el servicio de telefonía de Movilnet tiene más de 6 meses sin funcionar en la Región Guajira y los mantiene incomunicados y desinformados.

Por otro lado, en torno al servicio de agua potable se han visto imposibilitados de comprar cisternas. Tampoco les llega a las comunidades desde hace muchos años como tampoco llega el gas doméstico.

Suman a este rosario de problemas las restricciones al libre tránsito que les impide ejercer sus ancestrales actividades comerciales para generar sus ingresos económicos; el incumplimiento en la entrega de alimentos del programa CLAP y la restricción para movilizarse a comedores alimentarios de la ONU en la frontera colombiana.

Y por si fuera poco tampoco cuentan con el abastecimiento de insumos y medicinas y denuncian la desidia en la que se encuentra el Hospital Binacional de Paraguaipoa.

La alcaldesa no les respondió nunca

Explica el comunicado del comité que ante las humillaciones y el maltrato militar, así como la desatención gubernamental en todos los niveles de gobierno, conllevaron al pueblo wayuu a protestar pacíficamente, “luego de solicitar a la Alcaldesa Indira Fernández hacer acto de presencia para dar respuestas y soluciones a la problemática social y, la Alcadesa incumpliendo su palabra no acude al llamado del pueblo wayúu, sino que aparece la fuerza militar para reprimir y amedrentar a una población vejada y vulnerada en todos sus derechos”.

Denuncian vehementemente cómo la bota militar represora apareció con toda su fiereza por parte de la Guardia Nacional Bolivariana disparando perdigones y bombas
lacrimógenas en horas de la madrugada del 7 de octubre para dispersar la protesta pacífica que se estaba desarrollando desde el día 5 de octubre de 2020 en la Troncal del Caribe.

Tanquetas de la GNB al momento de la militarización/Cortesía

El primer saldo fue de 17 indígenas wayuu heridos, 3 privados de libertad, allanamientos sin orden judicial y un buen número de perseguidos por los cuerpos de seguridad del Estado a quienes les han allanado sus hogares sin orden judicial, lo que ha forzado su desplazamiento en búsqueda de salvaguardar su vida y su integridad personal ante la militarización impuesta en el territorio indígena de Paraguaipoa como respuesta gubernamental.

De hecho, especifican los activistas del comité que los tres indígenas wayuu detenidos arbitrariamente por la GNB también fueron golpeados y heridos al momento de su ilegal
detención.

Luego son trasladados el día 9 de octubre de 2020 a la ciudad de Maracaibo para ser
presentados por ante el Juzgado 13 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia a cargo de la Juez Mary Carmen Parra, quien dictó medida privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público y ordenó como centro de reclusión el Comando 112 de la GNB llamado Puerto Guerrero, ubicado en la cabecera del puente sobre el río Limón del Municipio Guajira.

La Fiscalía de flagrancia del Ministerio Público les imputó los delitos de Incitación al Odio, Obstaculización de vías públicas y Violación al decreto presidencial.

Pero esta realidad no es nueva. La organización demuestra que las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas Wayuu y Añu, el irrespeto a sus tradiciones y a sus tierras ancestrales por parte de las fuerzas militares y policiales, así como por las autoridades municipales, regionales y nacionales, es una realidad latente que ha persistido durante
años de años de discriminación, años de amedrentamiento y años de abandono, siendo uno de los grupos más vulnerables del Estado Zulia.

Lo que exigen al Estado venezolano

  1. La desmilitarización inmediata del territorio indígena Guajira, ancestralmente habitado por el pueblo Añu y la Gran nación Wayúu. La pandemia por Coronavirus no puede usada como excusa para violentar derechos de pueblos y comunidades indígenas. Militares no entienden la cultura, ni hacen análisis u abordaje diferenciado de la pandemia, de las necesidades y las afectaciones en del déficit de derechos económicos, sociales y culturales ni de las afectaciones culturales. Basta de usar
    una política de guerra contra pueblos indígenas del país, señalándolos como enemigos, “guarimberos” o delincuentes.

2. Liberación de personas detenidas arbitrariamente. Las tres personas detenidas
arbitrariamente durante la manifestación no estaban infringiendo la ley, no estaban cometiendo
ningún delito y no estaban incitando al odio. No fueron detenidos en flagrancia por lo que deben ser liberados sin ningún cargo.

3. El cese de los allanamientos ilegales y las listas persecutorias contra quienes se encontraban manifestando pacíficamente por derechos fundamentales.

4. El cese de usar el decreto presidencial de estado de alarma y toque de queda como excusa para violar derechos a la manifestación pacífica, libertad de expresión, y derechos de pueblos y comunidades indígenas.

5. Garantía y Respeto a la protesta pacífica. Solicitamos de manera urgente el respeto, garantía y promoción del derecho fundamental a la protesta pacífica.

6. Atención urgente a la Emergencia Humanitaria compleja que vive la Guajira venezolana. atención urgente, adecuada, concertada, consultada y con participación de las comunidades y Pueblos indígenas Wayúu y Añú.

7. Cese de hostigamiento y criminalización de la labor de defensores y defensoras de los derechos indígenas, que hacemos acompañamiento, denuncia y monitoreamos que los derechos de nuestros pueblos ancestrales Añu y Wayúu no sean vulnerados.

8. Se dé inicio de la investigación manera inmediata y de forma imparcial y transparente por parte de la Fiscalía del Ministerio Público en Materia Indígena con Competencia Nacional para que investigue los hechos, garantice y resguarde las luchas del pueblo ancestral indígena wayúu.

9. La Defensoría Delegada Especial Indígena del Estado Zulia para que ejecute los
procedimientos de denuncia y defienda los derechos de las víctimas y del pueblo wayúu.

10. Se exhorta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que comparte el territorio indígena, para que respete a los pueblos Wayúu y Añu de la Guajira Venezolana y cese todo tipo de actuación violenta en su contra y en contra de sus autoridades ancestrales respetando su identidad, su dignidad, sus tradiciones y su territorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 260 de la Constitución Nacional.

Finalmente, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira solicita a la Misión Internacional
Independiente de Determinación de los Hechos sobre l Venezuela, así como también, a la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y a la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos para que registre y documente los tratos crueles e inhumanos, las detencionesarbitrarias y persecución a la población indígena wayuu.