La Organización No Gubernamental Una Ventana a la Libertad confirmó la muerte de un privado de libertad este sábado 5 de septiembre en el Centro para Procesados 26 de Julio, en San Juan de los Morros.
El recluso tenía por nombre Joel Antonio Castro, de 28 años de edad, quien llevaba 7 años preso en este centro carcelario.
La ONG aseguró que la muerte del joven fue confirmada por su madre Cruz Delia Castro, quien vía telefónica aseguró que su hijo padecía de tuberculosis y estaba en estado de desnutrición debido a la falta de alimentación adecuada en el recinto carcelario.
«Mi hijo se murió de mengua por falta de atención; se contagió de tuberculosis en la cárcel y estaba pasando hambre. Lo que comía era agua de arroz y más nada”, relató Castro.
La madre lamentó la muerte de su hijo, a quien no pudo ver desde que comenzó la cuarentena por la COVID-19 en todo el país.
«A mi hijo nunca le prestaron auxilio. Mis hijas se fueron al penal, salió un médico y les dijo que él estaba bien y que tenían que llevar una orden del Tribunal para poderlo sacar al hospital. Pero pasaron los días y hoy como a las cuatro de la mañana mi hijo murió», contó la madre el pasado sábado.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que hasta la 1:00 de la tarde de ese día, el cadáver del joven permanecía dentro de la cárcel debido a que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) no habían efectuado el levantamiento, lo que se traduce en nueve horas dentro del centro penitenciario.
La directora de ese Observatorio, Carolina Girón, explicó que Joel Antonio también fue víctima del retardo procesal porque tenía siete años recluido y desde el 18 de agosto del 2018 esperaba ser trasladado hasta los tribunales para iniciar el juicio. Nunca lo hicieron bajo el alegato de que no había vehículos.
Girón exigió a las autoridades penitenciarias que ayuden a esta familia con el traslado de su familiar hasta el estado Miranda, ya que no tienen recursos para hacerlo. Esto considerando además que desde el momento de su detención, Joel Antonio se encontraba bajo la responsabilidad del Estado.
La abogada y defensora de derechos humanos puntualizó que al equipo del Observatorio llegó una denuncia en la que aseguran que hace semanas llegaron toneladas de alimentos al penal, en especial productos cárnicos, pero los presos del 26 de Julio continúan sufriendo por hambre, por lo que solicitó una investigación oportuna, exhaustiva y veraz por parte de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
