La organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional emitió un comunicado el pasado 7 de agosto en el cual manifestó su preocupación ante la intervención de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, como resultado de una acción por tutela de “derechos difusos o colectivos” presentada por el fiscal general de la República.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia el 4 de agosto mediante la cual acordó la intervención de la Cruz Roja Venezolana, el cese de la totalidad del Consejo Directivo Nacional de la sociedad y la constitución de una Junta Reestructuradora. Para Control Ciudadano esta medida refleja en el uso reiterado de la judicialización para intervenir en entes no estatales.
La organización alertó sobre el empleo abusivo de medidas cautelares en detrimento de garantías fundamentales como el debido proceso y el derecho a la libre asociación, contemplados en la Constitución de Venezuela. Es por ello que Control Ciudadano destacó que la tutela de derechos difusos y colectivos no debe justificar la vulneración de otros derechos fundamentales.
El comunicado hizo un llamado al respeto y garantía de los derechos humanos, subrayando la importancia de mantener un equilibrio entre la búsqueda de justicia y el respeto a las garantías básicas. Además, expresó la preocupación por la criminalización de entidades no estatales y resaltó la necesidad de realizar procesos garantistas que no puedan ser impugnados.
Control Ciudadano lamentó profundamente los hechos que llevaron a la intervención de la Cruz Roja Venezolana, una institución con una larga historia de trabajo humanitario y promoción del derecho internacional humanitario.
Asimismo, instó a aprovechar la oportunidad para implementar cambios normativos y de gobierno interno que fortalezcan la transparencia y el respeto al derecho de libre asociación.
Finalmente, Control Ciudadano llamó la atención ante cualquier intento de utilizar este caso como precedente para la intervención indiscriminada de entes asociativos independientes a través de la judicialización o la creación de entes apéndices del poder político.
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