El Defensor Delegado del Pueblo del estado Amazonas, Gumersindo Castro, reveló a través de la emisora Raudal Estéreo que la base militar de la aviación donde ocurrieron los hechos en los cuales fueron asesinados 4 indígenas yanomami, solo alberga a 17 efectivos «desde noviembre» del año pasado.
Anteriormente ese puesto lo ocupaban tropas del ejército venezolano. Especificó que «esta base no pertenece a la jurisdicción de Puerto Ayacucho sino al estado Aragua. Y por eso estos muchachos no conocen la cultura yanomami. por eso exigimos al Estado venezolano instruir mejor a estos funcionarios».
Castro ratificó que al recibir la denuncia de lo acontecido, «por una llamada telefónica sobre presuntos hechos de enfrentamientos», su despacho inició las investigaciones, «partiendo de la buena fe de las informaciones que nos iban llegando».
Dijo que también procedieron a comunicarse con el comandante de la ZODI Amazonas, con la Secretaría de la Gobernación, con el Ministerio Público «para ponerles al tanto y también para saber si ellos manejaban la información ya que había heridos en la capital del municipio Alto Orinoco y que presuntamente iban a ser trasladados a Puerto Ayacucho».
¿Cómo se conocieron los hechos?
Castro aseguró que uno de los funcionarios que conocía de primera línea la información de lo sucedido «fue el comandante de la ZODI, General de División José Ramón Maita González, el día lunes 21 se trasladó a Parima B a constatar la información que le habían reportado».
Luego, el martes 22 salió al sitio una comisión interinstitucional «integrada por el CICPC, Ministerio Público, Senamefc General de la base aérea y funcionarios de la alcaldía».
El Defensor aclaró que en principio solo se trasladó «la Fiscalía Militar y nadie de la Fiscalía Superior porque solo se manejaba la información de heridos militares, no de fallecidos. Luego, cuando se confirma esa información es que se llama y se trasladan los otros organismos».
Confirmó, de acuerdo a entrevistas que han sostenido con familiares de las víctimas, que «hay 3 hombres fallecidos y una mujer yanomamis, en total, cuatro, y de parte de los militares hasta los momentos tenemos 2 heridos».
Igualmente el funcionario certificó que al hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho fue trasladado un joven yanomami que salió herido en la reyerta.
«Agradezco la atención en el hospital, el joven está estable y en permanente recuperación. También a la organización Orpia que ha estado pendiente del joven y de sus familiares», señaló Castro.
Por lo pronto, el Fiscal General de la República, Tarek Wiiliam Saab, informó este miércoles que comisionó a dos fiscales especiales con competencia nacional para investigar lo sucedido.
La causa del conflicto
Por otro lado, afirmó que de acuerdo a los datos recopilados y según la información general que ya se maneja, la causa del conflicto «fue que últimamente no se estaba cumpliendo el acuerdo en el uso de un router para servicios de internet, propiedad de la comunidad, y la base militar, que tiene energía eléctrica y antena».
Confesó que hasta los momentos la Defensoría que dirige no maneja los nombres de los funcionarios que habrían disparado y ocasionado las 4 muertes de los indígenas.
Y aclaró que los supuestos culpables «aún se encuentran en Parima B, se habla que serán juzgados por la jurisdicción ordinaria pero hay que recordar que se encuentran en territorio yanomami y ellos tienen sus reglas, por eso no los han dejado salir».
Se violó el acuerdo de 2012
El Defensor Castro también rememoró que en esa zona yanomami «existe un acuerdo amistoso desde 2012 validado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. es importante que la población sepa por qué hay presencia de las fuerzas armadas en esta zona. Es un acuerdo entre el Estado y los peticionarios en su momento».
En ese sentido «el Estado respondió con un plan estratégico nacional para la defensa, desarrollo y consolidación del sur y a raíz de ese plan es que se establece esa base para proteger al pueblo yanomami de todas las actividades ilegales que pudieran menoscabar de su cultura».
Enfatizó que ese compromiso buscaba frenar el ingreso de los garimpeiros en ese momento, la prohibición de las actividades mineras en esa zona. «Esa es la misión de la Fuerza Armada, proteger al pueblo yanomami y nosotros nos estamos ocupando para que haya justicia en este caso».
Vale recordar que hace 29 años, en 1993, cuando ocurrió la masacre de Haximú donde fueron asesinados 12 indígenas Yanomami por manos de mineros brasileros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado venezolano por los hechos, comprometiéndose este a realizar la demarcación de los territorios indígenas.
Compromiso que sería ratificado en 19 años después, a través de ese documento mencionado por Castro.
Con información de Xioly Cadenas/Raudal Estéreo
