Delsa Solórzano denunció que «presos políticos» están en peligro

Foto: Archivo.

La presidenta del Partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, denunció que el Gobierno de Venezuela pone en peligro la vida de los considerados por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos como «presos políticos».

Alertó que recibió información de que se están realizando traslados desde la cárcel militar de Ramo Verde, hacia cárceles como: La Planta, Yare 2, y Rodeo 2.

Según expuso Solórzano en su cuenta de Twitter, los privados de libertad estarían ingresando a cárceles de «alta peligrosidad» lo que les pondría en un nivel de riesgo.

Asimismo, agregó una mención a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien le exigió que su equipo ejecute acciones entorno a las denuncias sobre los «presos políticos».

Desde mayo se registran denuncias

La exdiputada por la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, viene denunciando que desde el 19 de mayo de 2021 comenzaron los traslados a cárceles comunes de personas privadas de libertad consideradas «presos políticos».

En ese momento, Pichardo expresó que los traslados de una de las sedes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se realizaron sin paradero conocido de algunos «presos políticos» como Darío Estrada, Rigoberto Moreno, Robert Franco y cuatro personas más.

Un día después, el 20 de mayo, Delsa Solórzano informó en Twitter que fueron trasladadas siete «presos políticos», desde la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a las cárceles de Yare​ II, Rodeo II y Rodeo III.

Cabe resaltar que el 18 de mayo a través de la Gaceta Oficial N° 42.125, publicada el 12 de mayo de 2021, se ordenó que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), deberán transferir al Ministerio del Servicio Penitenciario la custodia de personas privadas de libertad.

No obstante, en ninguno de los párrafos de este decreto se menciona a las FAES para que traslade la custodia de las personas detenidas en sus sedes al Ministerio del Servicio Penitenciario.