Denuncian 24 asesinados por la FANB en la Guajira

El Comité de Derechos Humanos de la Guajira condena los actos de violencia en contra del pueblo Wayuu. Foto: Eira González

El Comité de Derechos Humanos de la Guajira denunció que se han registrado 24 muertos, 63 heridos, 20 torturados y centenares de allanamientos por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Entre los años 2010 y 2020 en el municipio Guajira del estado Zulia, según el Comité de Derechos Humanos, se han registrado 24 personas ejecutadas por la fuerza pública del Estado, en este caso por funcionarios del Ejército nacional.

Reportaron también 1 secuestrado, una desaparición forzosa y detenciones arbitrarias.

El último caso fue el 5 de enero de este año cuando fue asesinada Aslenys Thais Rangel Fernández, de 28 años de edad y oriunda de Paraguaipoa, por presuntos funcionarios del Ejército Nacional acantonados en la Guajira venezolana.

José David González, coordinador de Derechos Humanos de la Guajira, manifestó que los familiares de Aslenys formularán la denuncia formal ante las instancias correspondientes para exigir justicia por la muerte de la joven Wayuu en este territorio ancestral.

“Estamos haciendo publico lo que ocurrió el 5 de enero de 2020, aproximadamente a las 9:00 de la noche en el sector El Rabito del municipio Guajira, donde presuntamente una comisión del ejército que venía desde Cojoro se encontraron en el punto de control y arremetieron contra el vehículo donde transitaba la joven quien recibió impactos de balas”.

González informó que Aslenys formaba parte del clan Epieyu y dejó a dos niños huérfanos.

Ante este hecho que enluta a una familia Wayuu, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira condena de manera enérgica este tipo de violencia. Además exigen a la Fuerza Armada Nacional que contribuya con la paz y la tranquilidad de los ciudadanos que habitan en esta región zuliana.

González exigió al general de la Trece Brigada de Infantería que se abra una investigación para esclarecer la muerte de Asleny Rangel.

“También nos preocupa el silencio de las instituciones del Estado venezolano ante esta situación”, agregó.