Defensores de derechos humanos y diversas ONG han manifestado su preocupación y dicen estar “alertas” ante la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines.
Misle González, especialista en temas de derechos humanos, expresó que esta ley puede significar la reducción del espacio cívico en Venezuela.
“Esta ley es casi que una proyección de lo que sucede actualmente en Nicaragua”, expresó González durante una entrevista en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias, haciendo referencia al cierre de algunas organizaciones de derechos humanos e incluso institutos educativas por parte del Gobierno de Daniel Ortega.
Aseguró que todas las organizaciones civiles tienen su registro, hacen sus contabilidad y cumplen sus deberes.
“Para mí, es un tema meramente de persecución, restricciones o de ganas de achicar el espacio cívico”, opinó.
Aseguró que a pesar de que este proyecto está mejor redactado y tiene “quizás” menos errores ortográficos y de redacción que los que se han presentado antes, sigue siendo una ley “profundamente punitivista, cuyo espíritu es controlar y definir quién se registra bajo qué estándares”.
¿Qué impacto podría tener esta nueva ley?
Sobre esta pregunta, la activista fue contundente: “Mucho”.
“Limita la operatividad y el ejercicio de derecho a defender derechos humanos”, añadió.
Explicó que, por ejemplo, a través de muchas ONG en Venezuela hay pacientes que reciben insumos médicos, ayuda humanitaria y acompañamiento a víctimas de violación de derechos humanos, entre otros beneficios.
“El impacto es directamente en la población más vulnerable que finalmente son los beneficiarios de estas organizaciones”, argumentó.
Difirieron discusión de ley
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, decidió este martes 21 de mayo aplazar para una “próxima sesión” la segunda discusión del proyecto.
El diputado Julio José García Zerpa, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), propuso el diferimiento argumentando una necesidad de postergar la discusión.
“Las ONG que hacen acción social no tienen de qué preocuparse. Las que usan fondos para financiar partidos, actividades terroristas del país, sí”, afirmó García Zerpa.
Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.
