El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, decidió aplazar para una “próxima sesión” la segunda discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines.
El diputado Julio José García Zerpa, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), propuso el diferimiento argumentando una necesidad de postergar la discusión. “Las ONG que hacen acción social no tienen de qué preocuparse; las que usan fondos para financiar partidos, actividades terroristas del país, sí”, afirmó García Zerpa.
La mayoría en el Parlamento aprobó la solicitud de posponer la discusión.
La diputada Anyelith Tamayo, de Acción Democrática intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia, pidió calma a las organizaciones no gubernamentales, instando a que la ley no se use como un “instrumento para perseguir”. Tamayo enfatizó que la ley debería servir para la transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, no hubo una explicación clara del motivo para aplazar la discusión que ya estaba planeada y calificada como “urgente”. Lo que se sabe es que el Parlamento discutió otros temas, incluyendo el repudio al asesinato de Orlando Figuera, y también se ratificaron los nombramientos diplomáticos de Carlos Feo Acevedo como embajador en Sudáfrica y de Magaly Josefina Henríquez como embajadora en Namibia.
Este aplazamiento llega después de que Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, asegurara que la ley de fiscalización de las ONG sería sancionada en la sesión ordinaria del 21 de mayo.
Preocupaciones sobre la ley
La ley, presentada inicialmente en enero de 2023, ha recibido críticas tanto a nivel nacional como internacional.
Diversas ONG y entidades internacionales han manifestado que esta legislación la podrían usara para criminalizar y restringir el trabajo de las organizaciones en Venezuela.
Laura Louza, directora y fundadora de Acceso a la Justicia, advirtió que esta ley podría llevar a la desaparición o intervención estatal de numerosas oenegés y tiene implicaciones para toda institución, incluyendo colegios privados, centros especializados como la Alianza Francesa y el Centro Venezolano Americano, así como Fundación Polar o Fedecámaras.
“Se refiere a cualquier organización, sin importar su forma jurídica, que sea sin fines de lucro y además se refiere a cualquier organización de este tipo sin importar sus objetivos; es decir, el proyecto de ley es muy amplio”, dijo Louza durante una entrevista el pasado mes de enero a Radio Fe y Alegría Noticias.
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