EE.UU, Canadá y Reino Unido sancionan a funcionarios de Nicaragua

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El presidente de Nicaragua Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Foto: EFE

El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes 16 de noviembre que sancionará al Ministerio Público de Nicaragua y nueve funcionarios de ese país por “la farsa” que supusieron las recientes elecciones presidenciales.

El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que las elecciones del 7 de noviembre fueron una «pantomima» que resultó en comicios injustos, sin libertad y sin democracia.

Nicaragua llevó a cabo elecciones presidenciales en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva.

Los comicios fueron criticados internacionalmente por la falta de oposición real y el encarcelamiento de siete aspirantes a la presidencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, más conocida como OFAC, señaló en el comunicado que el Ministerio Público arrestó “de forma injusta” a candidatos presidenciales y les impidió presentarse a los comicios, “socavando así la democracia en Nicaragua ”.

Los funcionarios sancionados son:

  • Luis Ángel Montenegro Espinoza
  • José Adrián Chavarría Montenegro
  • Rodolfo Francisco López Gutiérrez
  • José Antonio Castaneda Méndez
  • Mohamed Farrara Lashtar
  • Salvador Mansell Castrillo
  • Sadrach Zeledón Rocha
  • Leonidas Centeno Rivera
  • Francisco Ramón Valenzuela Blandón

Las sanciones impuestas significan que cualquier propiedad o intereses en propiedad de los sancionados que están en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses serán bloqueados y deben ser reportados a La Oficina de Control de Activos Extranjeros. 

Cualquier entidad de la que los sancionados sean dueños, de forma directa o indirecta, también quedará bloqueada, indica el comunicado.

Sanciones de Canadá

También el gobierno de Canadá, a través de la canciller Melanie Joly, anunció acciones contra 11 altos funcionarios nicaragüenses, entre los que destacan el asesor económico de Ortega, el excomandante sandinista Bayardo Arce; la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, y José Montenegro, quien funge como contralor (fiscal de cuentas).

“El régimen de Ortega lleva a Nicaragua por la senda del autoritarismo. En respuesta, Canadá está imponiendo sanciones adicionales”, escribió Joly en su cuenta de Twitter.

Al igual que en el caso de Estados Unidos, las sanciones incluyen a los alcaldes sandinistas Zeledón, Centeno y Valenzuela, acusados ​​de cometer actos de represión contra la población civil.

Las personas no podrán ingresar a Canadá y tampoco participar en actividades o transacciones financieras con personas o entidades canadienses, según se indicó.

Reino Unido también sancionó

El Reino Unido impuso autoridad contra otros ocho altos mandos nicaragüenses, incluida la vicepresidenta de la república, Rosario Murillo; así como Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y el jefe de policía, Juan Valle Valle.

La cancillería anunció en un comunicado que sus sanciones imponen prohibiciones de viaje y congelamiento de activos para aquellos “responsables de socavar los principios democráticos y las instituciones nicaragüenses, cometiendo violaciones graves a los derechos humanos y promoviendo la represión contra la civil”.

Los sancionados por el Reino Unido también incluyen a Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de Nicaragua, que es la máxima funcionaria del Ministerio Público.

Estados Unidos ya ha sancionado a otros funcionarios nicaragüenses previamente este año. 

OEA: «Elecciones no fueron libres»

El gobierno estadounidense declaró la semana pasada que Nicaragua ha dejado de ser una democracia y es ahora una dictadura, en la aseveración más fuerte que ha hecho hasta este momento el gobierno del presidente Joe Biden para referirse a la administración de Ortega.

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó el viernes una resolución que declaró que las elecciones presidenciales en Nicaragua “no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática”.

La resolución pide instruir al Consejo Permanente de la OEA que analice la situación en el país centroamericano, realice un informe antes del 30 de noviembre y entonces se tomen “acciones realizadas”.

Fuente: AP