El sacerdote jesuita y vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bellos (UCAB) extensión Guayana, Arturo Peraza, expresó que la inhabilitación de Freddy Superlano y su esposa, Aurora Silva son casos «abusivos» donde se nota que el «chavismo no está dispuesto a perder Barinas».
En una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias, Peraza dijo que hay razones para que el Gobierno nacional no quiera ceder el estado Barinas.
Según argumentó el jesuita, Barinas es el estado natal del presidente fallecido Hugo Chávez. Un centro político que como dijo Diosdado Cabello significa mucho para el chavismo: es «un bastión«.
De acuerdo con Peraza, como Superlano tenía una ventaja para vencer los comicios del 21 de noviembre, el Gobierno habría realizado un «juego de trampas quitándose el disfraz luego de haber demostrado que estaba dispuesto a una apertura democrática».
«El Gobierno intentó mostrar esa cara democrática al país y al mundo, que habían ciertas condiciones o reglas de juego que permitieran la participación. Ese fue un primer movimiento que tiene como un conjunto de actos la aceptación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de dos sectores que representan a la oposición: un CNE más creíble y un proceso de negociación», dijo Peraza.
«Hubo un conjunto de estímulos para abrir el juego. Eran como signos para hacer ver que se estaba dando una cierta apertura democrática. Luego un segundo movimiento, la expulsión de la misión de la Unión Europea por su reporte de irregularidades de fallas bastante obvias, como por ejemplo el uso de recursos públicos y la conducta de eliminar la competencia a los gobernadores», añadió.
Violentaron las normas constitucionales
Para el sacerdote, quien también es abogado y politólogo con amplio análisis en derechos humanos, el Gobierno «violentó» la Constitución de Venezuela con las inhabilitaciones de Superlano y su esposa.
En el caso de Aurora Silva de Superlano explicó que la única manera de inhabilitar es mediante sentencia firme, la cual es dictada por el Tribunal de la República, pero en esta ocasión intervino la Controlaría General; «por ende se rompen las normas de carácter constitucional (…) porque la ciudadana no ha ejercido cargo público».
«Es clara la Constitución: los derechos de la ciudadanía, que a su vez comportan derechos políticos, solamente pueden ser inhabilitados por una sentencia firme», acotó.
