A pesar de haber sido el segundo mes bajo el decreto de estado de alarma y cuarentena social en el país por la pandemia del nuevo Coronavirus, las protestas de calle en reclamo por derechos básicos no cesaron.
En promedio, esta cifra representa 24 protestas al día en todo el país.
De acuerdo con la data recabada por el Observatorio de Conflictividad Social, el 87% del total de protestas fue exigiendo Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), mientras que el 13% restante fue por Derechos Civiles y Políticos (DCP).
En su informe, publicado en su sitio web, aseguran que aumentaron las protestas exigiendo alimentos y gasolina, y se mantuvieron aquellas para rechazar el colapso de servicios de electricidad, gas y agua.
El estado que lideró las protestas durante el mes de abril de este año fue Táchira con 125 manifestaciones registradas por el Observatorio. Le siguieron Mérida con 115, Miranda con 72, Falcón con 50 y Anzoátegui con 46.
La caracterización hecha por el Observatorio para las protestas registradas en abril incluye:
- Se profundiza el autoritarismo, mecanismos de control social y restricción de derechos en el marco de las respuestas institucionales a la pandemia por Covid-19.
- Extienden medidas y controles de movilización ciudadana.
- Se incrementa la carestía de alimentos y productos de higiene personal.
- Repunte de saqueos o intentos de saqueo en 9 estados del país. Con un saldo de 1 fallecido y más de 90 detenidos.
- Detenciones, amedrentamiento y amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadores del sector salud por informar sobre la situación del Covid-19.
- Restricciones informativas a través de medios de comunicación, redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp.
- Falta de servicios básicos como agua, luz y gas durante el confinamiento obligatorio los venezolanos.
- Aumento de la escasez y control en la distribución de gasolina a nivel nacional, generando protestas y largas filas, así como el surgimiento del mercado negro para la comercialización de combustible que es pagado en moneda extranjera.
- Protestas por parte de trabajadores de diversos gremios (salud, educación, jubilados y pensionados, entre otros) en rechazo al último aumento salarial que impide la resignificación del empleo.
- Pacientes, familiares y personal médico mantienen las exigencias de infraestructura hospitalaria adecuada, materiales e insumos de bioseguridad para atender la pandemia del COVID-19.
- Descontento de los habitantes de estados fronterizos por la instalación de Puntos de Asistencia Social Integral (PASI) para cumplir con el aislamiento preventivo de venezolanos retornados al país, debido al temor de una propagación de la COVID-19.
La calle es el escenario
«La calle se consolida como el espacio popular para exigir derechos y rechazar políticas ineficientes», indica el informe del Observatorio.
De las 716 protestas de abril, 235 consistieron en el cierre de calles y avenidas. 196 fueron cacerolazos, 167 concentraciones y 45 pancartazos.
Los derechos más reclamados durante las protestas de abril fue al de la vivienda y servicios básicos, seguido por el derecho a la alimentación, salud, derechos laborales y a la participación política.
De las 464 protestas reclamando servicios básicos, 242 iban específicamente a la electricidad. Esto, en promedio, representa 8 protestas diarias solo en reclamo por este servicio.
Recientemente, Promedehum registró que sectores del estado Mérida, por ejemplo, pasaron hasta 200 horas sin electricidad durante el mes de abril.
158 protestas fueron para reclamar el servicio de agua, indispensable para cumplir con las medidas de prevención y evitar la propagación de la COVID-19.
Otras 64 protestas fueron en reclamo por el gas doméstico.
Gasolina escasa
El Observatorio de Conflictividad Social registró, al menos, 176 protestas exigiendo el suministro de gasolina a las estaciones de servicio.
Desde el inicio del estado de alarma y la cuarentena social, el surtido de gasolina ha sido destinado solo a sectores de distribución de alimentos, farmacia, seguridad, telecomunicaciones y personal de salud. El resto de la población está privada de esta posibilidad.
Sin embargo, «trabajadores del sector salud se vieron obligados a realizar filas, lo que ocasionó que muchos optaran por asistir a los centros asistenciales a pie, en bicicleta o tuvieran que pagar exagerados montos por combustible».
«Los manifestantes rechazaron tener que hacer largas filas y numerosas horas de espera para adquirir el combustible, y denunciaron extorsiones y abuso de poder por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodian las estaciones de servicio en todo el territorio», indica el informe.
Los estados que repuntaron con estas protestas, de acuerdo con el Observatorio, fueron Falcón y el Distrito Capital con 18 cada uno, seguido de cerca por Miranda con 17 y Lara con 16.
«Se fortalece el autoritarismo y control social»
«En el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19, el régimen de Maduro profundiza el autoritarismo, los mecanismos de control social y restricción de derechos.
El decreto de Estado de Alarma, dictado en el marco de un Estado de Excepción y Emergencia Económica, que permanece vigente desde el año 2016, ha facilitado se cometan abusos y violaciones a los derechos humanos.
Destacan las prácticas de tratos crueles inhumanos y degradantes por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad y de Colectivos Paramilitares a personas detenidas por no cumplir con las normas o medidas de cuarentena domiciliaria, particularmente por no usar tapabocas, salir a la calle o no cumplir con los horarios establecidos. Al respecto, se señala que los venezolanos atraviesan una grave crisis de inseguridad alimentaria y no tienen alimentos en sus hogares, a la par de déficit de agua potable o gas doméstico, sumado a la debilidad del poder adquisitivo del salario, por tanto las personas se ven forzadas a incumplir el confinamiento para conseguir dinero y adquirir algunos alimentos para llevar a sus hogares», refleja el informe del Observatorio de Conflictividad Socia.
También agregan que «continúan las prácticas discriminatorias para la venta de alimentos y atención sanitaria por medio del carnet de la Patria, como requisito obligatorio para acceder a estos».
