El paro armado en Colombia implantó el terror

Fuerzas militares custodiaban las calles de Colombia por la amenaza del paro armado. Foto: EFE.

Durante cuatro días se mantuvo el paro armado en Colombia, desatado por el grupo armado el Clan del Golfo en represalias por la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», a Estados Unidos, para enfrentar la justicia por cargos vinculados con el narcotráfico.

En los días del paro se conoció, según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que 178 municipios de 11 departamentos de Colombia sufrieron por ataques violentos.

La JEP aseguró en un reporte que, al menos, 24 civiles y dos miembros de la fuerza pública murieron tras la amenaza del Clan del Golfo de asesinar a quien saliera de sus casas.

No obstante, la información que reportó el Ministerio de Defensa fue que durante los cuatro días murieron 3 militares, 3 civiles, 2 policías y 2 presuntos delincuentes.

En entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, la directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad e investigadora en temas sociales y políticos, Javeriana Julia Isabel Eslava, afirmó que este tipo de comportamientos y ejercicios de violencia es muy común desde comienzos de la década del 2000. 

«Es un fenómeno que despierta preocupación porque hay 11 departamentos afectados y 5 son de la zona norte, donde tiene mayor presencia esta estructura organizada», detalló.

«Hace varios años no teníamos este fenómeno», dijo además que las consecuencias de la extradición del jefe de este grupo armado pudo haberse prevenido por parte del Estado y se hubiese evitado tal desgracia.

Aseguró que, aunque ya pasó el paro, en la mente de los colombianos queda el temor sobre «lo que pueda pasar» con eventualidades similares futuras.

Votar para exigir seguridad

Sobre las venideras elecciones en el país colombiano, la directora del instituto dijo que esto debe significar un llamado a la población para ejercer su derecho al voto y exigir seguridad a sus derechos humanos.

«Es un derecho al llamado a la garantía de la seguridad física por todos los que se vieron afectados por el paro armado», sentenció.