El expresidente de Perú, Pedro Castillo, inició una huelga de hambre este lunes 10 de marzo en la celda de la prefectura de Lima en el cual permanece desde el 7 de diciembre de 2022. El juicio inició el 4 de marzo.
La decisión de Castillo se debe a que según él, “ya se ha anunciado la condena”. Esto después de las primeras audiencias de inicios de marzo de este año.
Castillo cuestiona que la jueza que lleva su caso haya emitido una “opinión” sobre su condición y el delito por el cual lo juzgan.
“He decidido acatar, a partir de la fecha, una huelga de hambre, acto que me lleva a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo», escribió Castillo en una carta firmada por él y el abogado Walter Ayala.
En el documento que hizo público su abogado, también asegura que está “recluido injustamente” por actos “que nunca cometió”. También aseveró que la jueza a cargo de su caso ha forzado el delito de rebelión para acusarlo y condenarlo.
Con la huelga de hambre, Castillo intenta forzar un cambio del tribunal que procesó su caso y se remita a otro juez. La exigencia ocurre pese a que ya la sala rechazó la recusación contra una de sus magistradas.
El abogado de Pedro Castillo asegura que no existe motivo para juzgarlo por rebelión
El abogado Walter Ayala cuestionó que la justicia peruana procese a Pedro Castillo por el delito de rebelión pues considera que tal delito no ocurrió.
Ayala argumenta que el “fallido y presunto autogolpe no se concretó y no hubo un alzamiento de armas, pues no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.
Durante la audiencia del jueves 6 de marzo pasado, Castillo ratificó que está encarcelado “injustamente” y que no necesita del servicio de la defensa pública porque su único delito es “defender al pueblo”.
La Fiscalía pide 34 años de cárcel para el expresidente peruano. Castillo gobernó Perú entre el 2021 y 2022.
Llamar la atención de los organismos internacionales
Ayala agregó que también quieren llamar la atención de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de la Defensoría del Pueblo, para resguardar los derechos fundamentales del exmandatario.
Castillo dijo a los jueces que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para someterlo a un juicio por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave afectación de la tranquilidad pública.
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