El 4 de noviembre de 2018 Danny Quiñonez y su hijo de 17 años fueron asesinados en el municipio Tovar, estado Mérida. A pesar de que el hecho ocurrió hace más de 13 meses, las muertes sus casos no han sido esclarecidos.
Ambos habrían muerto por disparos de funcionarios de la Policía del Estado Mérida y los procesos de investigación se han detenido, según Viviana Altuve, esposa y madre de los fallecidos.
Los implicados afirman que ellos dieron una supuesta orden para detenerse en la motocicleta donde se trasladaban las víctimas y, al no detenerse, procedieron a disparar. Sin embargo, esta declaración representaría el uso indebido de la fuerza, ya que no existieron motivos válidos para accionar las armas.
Este miércoles 11 de noviembre, familiares de las víctimas se trasladaron hasta el centro de la ciudad con el fin de exigir justicia en el caso y, acompañados por el equipo de Promedehum, denunciaron lo ocurrido ante medios de comunicación para ejercer presión y agilidad en el procedimiento.
El caso es llevado por la fiscalía 13 de Derechos Fundamentales, sin embargo, como lo indicó Altuve, no han obtenido información con respecto a los progresos.
«Pedimos a las autoridades que imparten justicia en Venezuela que se pronuncien, tenemos 3 meses sin saber más sobre el caso», expresó Altuve.
Según ella, desde el 11 de septiembre, fecha de la última audiencia preliminar, no han recibido nuevas fechas de la fase de juicio. En ese sentido, exige a las autoridades ser imparciales, pues sabe que los implicados son funcionarios de la policía.
