Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria y defensor de los derechos humanos, calificó el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y afines, como un intento de regular la libertad de asociación y las actividades en defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con las afirmaciones de Reyna, este proyecto de ley limita el ejercicio de las organizaciones, «impidiendo su funcionamiento» y además tiene la facultad de ilegalizarlas. Así lo expuso el defensor en entrevista concedida al programa De Primera Mano, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.
Reyna explicó que la ley presentada por Diosdado Cabello no solo afecta a las ONG, sino que también incide en el ejercicio de las asociaciones civiles: sindicatos, gremios, grupos culturales, entre otros.
Destacó que es importante que la sociedad entienda que no solo se estaría limitando a un grupo que trabaja por los derechos humanos.
«Aquí hay una cantidad de asociaciones que podrían limitarse si un texto como este es aprobado», afirmó. Agregó que el proyecto lo que busca es «cercenar la autonomía de las organizaciones».
Señaló, además, que este tipo de regulación se implanta en países donde la democracia y el Estado de derecho es «frágil», o en una nación donde la población no puede reclamar sus derechos para vivir dignamente.
«Los distintos grupos de la sociedad pueden verse limitados e impedidos de trabajar», dijo en referencia a que este proyecto se da porque resulta incómodo para el Gobierno que organizaciones denuncien ante órganos internacionales lo que está sucediendo en situaciones particulares como el Orinoco o las cárceles venezolanas.
«Se busca la manera de silenciar la labor» dijo. «Uno ve un patrón que tiene que ver con prácticas autoritarias del gobierno que intentan callar la voz de las organizaciones que son incómodas», sentenció.
No hubo consulta
Reyna detalló que el proyecto de ley no fue consultado con las asociaciones civiles y tampoco con la población en general.
Expresó su sorpresa con este proyecto porque es incoherente que se intente regular a las organizaciones y por otro lado se hable de diálogo nacional.
«Sorprende mucho y es totalmente contradictorio», expresó.
Mencionó que precisamente Venezuela recibe este jueves 26 de enero al Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y se presenta un proyecto regulatorio, que espera que sea «dejado de lado con prontitud».
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