Tarek William Saab, fiscal general de la República, designado por la ANC, anunció que la alcaldía de Bejuma en el estado Carabobo será intervenida.
La alcaldía de Bejuma es uno de los 14 ayuntamientos de la entidad carabobeña que ahora está bajo la lupa del gobierno de Maduro.
Lo que ha motivado el anuncio de intervención al ayuntamiento es la presunta vinculación de Claudia Ávila, secretaria de Seguridad del municipio Bejuma, con un grupo de delincuentes dedicados al secuestro.
La funcionaria ya ha sido solicitada por el Ministerio Público y se espera que en pocas horas ocurra su detención.
Tras el hallazgo de elementos que vinculan a Claudia Ávila con un grupo de secuestradores, el MP no descarta que también esté vinculado el alcalde del municipio, Rafael Morales. Por eso, creen pertinente una intervención.
Banda de secuestradores conformada por Cicpc y PNB
La banda de presuntos secuestradores estaría conformada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y Policía Nacional Bolivariana (PNB), según Saab.
El 14 de octubre, fueron presentados en el Tribunal 4º de Control de Carabobo dos funcionarios del Cicpc, un PNB y dos civiles por ser integrantes de una banda dedicada al secuestro y la extorsión en el municipio Bejuma.
El secuestro
A los funcionarios imputados se les señala por el secuestro de Tito José González Darrín, cuando se movilizaba en su vehículo.
Lo llevaron a su casa y lo amenazaron a él y a su familia para que entregara dinero, acceso a sus cuentas y otros bienes.
Tarek William Saab: Tras fracasar en su intento lo trasladaron a la sede de las FAES en ese municipio, donde pretendieron hacer pasar el secuestro como un procedimiento policial
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) October 29, 2020
Tarek William Saab: Un mes atrás esta banda había secuestrado a tres ciudadanos de nacionalidad asiática y dos venezolanos a quienes les solicitaron la cantidad de 100.000 dólares y 200 cauchos de moto, los cuales reposan en el Cuerpo de Policía Municipal de Bejuma
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) October 29, 2020
Acusaciones a los implicados
A los cinco funcionarios se les imputó por la presunta comisión de trato cruel, violación de domicilio, uso indebido de arma orgánica, porte ilícito de arma de fuego, secuestro agravado y asociación para delinquir.
