A la vicepresidenta del gobierno argentino, Cristina Fernández, no le están saliendo las cosas nada bien últimamente. Este lunes 22 de agosto el Fiscal Federal Diego Luciani, quien investiga en ese país una trama de corrupción administrativa, solicitó la pena de 12 años de cárcel para la ex mandataria y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El petitorio de Luciani se basa sobre la convicción, luego de las primeras investigaciones, que Fernández cometió los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y de liderar una asociación ilícita para desviar fondos públicos durante sus presidencias, entre 2007 y 2015.
Para el Fiscal, el caso denominado «Vialidad se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, al momento de compartir sus alegatos en una rueda de prensa.
Además, el fiscal pidió también 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez, quien se habría favorecido con la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz.
En el caso del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, muy conocido en Venezuela por el famoso caso Antonini Wilson, y el exsecretario de Obras Públicas José López, el fiscal solicitó una condena de 10 años.
Que regresen los bienes
Luciani también pidió el decomiso de los 5.321 millones de pesos, unos 1.000 millones de dólares, que según el otro fiscal de la causa, Sergio Mola, totalizan el fraude contra el Estado.
Agregó que también demandó que se decomisen los bienes y acciones de las empresas participantes en la asociación ilícita, y los activos de Báez y sus hijos. El fiscal pidió que esos fondos se destinen a “instituciones de bien público, para reparar el grave desequilibrio ocasionado por la comisión de estos delitos”.
Instó al Tribunal federal que aplique “una sentencia justa”.
Luciani señaló que “nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad” y agregó que Cristina, como presidenta de Argentina, “empleó sus competencias y su poder de dirección sobre el resto de los imputados en pos de alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”.
Cristina se defiende
Previo a estas revelaciones del Fiscal, Cristina Fernández había solicitado ampliar su declaración indagatoria al sostener que “los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, introduciendo elementos nuevos en la causa.
“He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, anunció la también senadora a través de su cuenta de Twitter.
En su defensa han salido, por lo pronto, el Ministro del Interior Eduardo De Pedro y dirigentes de la Central General de Trabajadores, CGT, quienes señalan que “el show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la expresidenta y de todo el peronismo”.
El presidente la apoya
A finales de la tarde se conoció que el presidente Alberto Fernández, una vez conocida la decisión del Fiscal, acordó reunirse con su vicepresidenta, con quien ha sostenido considerables divergencias en los últimos meses.
Por lo pronto, el gobierno emitió un comunicado respaldando a la parlamentaria. “El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, agregando que “ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado”.
