La ONG Espacio Público informó este lunes 4 de mayo que el fiscal general de la República, Larry Devoe, respondió negativamente a una solicitud que la organización y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB le hicieron llegar para que explicara la aplicación de la Ley de Amnistía.
La petición de información pública de ambas organizaciones consistía en obtener detalles acerca de la implementación, alcance, número de casos beneficiados, casos pendientes y por qué razón el Ejecutivo nacional la daba por terminada a solo dos meses de aplicación sin un proceso legal de derogatoria.
Las ONG fundamentaron su solicitud en el derecho de exigir del Ministerio Público (MP) información pública en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 3, 6.1, 6,2, 7, 8.2, 8.3, 8.4 y 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.
Entre los puntos que incluyeron en el petitorio se destacan:
1. Cifras totales de ejecución según las siguientes categorías:
(a) Número de boletas de excarcelación emitidas y efectivamente ejecutadas respondiendo a las solicitudes hechas por las fiscalías actuantes, aplicación de la ley de Amnistía hasta la fecha.
(b) Número total de personas bajo medidas cautelares a las que se les aplicó la citada ley por solicitud de las fiscalías actuantes.
(c) Desglose la cantidad de casos, por cada estado del país, que bajo la revisión de las fiscalías actuantes identificaron procesos policiales arbitrarios y que además fueron beneficiadas por la ley de amnistía.
2. Desglose de información por centros de detención:
a) El listado de centros penitenciarios o sedes de detención preventiva donde se han ejecutado dichas excarcelaciones por la aprobación de la Ley de Amnistía, que fueron solicitadas por las fiscalías actuantes,
b) Especifique la cantidad de personas beneficiadas por cada centro de detención en cada estado del país.
3. Cifras totales de solicitudes no procedentes:
a) La cantidad de solicitudes de amnistía hechas por las fiscalías actuantes que han sido declaradas “Improcedente”.
b) “Inadmisible” por los tribunales competentes, específicamente con una síntesis de las razones jurídicas de esas respuestas a las fiscalías actuantes, solicitamos expresamente que no incluyan los datos de filiación de las personas.
4. Cifras totales de denuncias por retardo u omisión: Detalle el número de denuncias y reclamos recibidos por su organismo de las partes interesadas en las causas donde denuncien:
a) Demoras o incumplimiento en la ejecución de las boletas de excarcelación emitidas de las amnistías aprobadas, y
b) La falta de respuesta judicial de la aplicación de la amnistía cuando ya está excedida de los lapsos correspondientes.
¿Qué alega el Fiscal para no ofrecer información detallada?
En la misiva que Espacio Público y el CDH de la UCAB recibieron por parte del fiscal general de la República se alegó que “no se expresan los motivos que justifiquen la solicitud de información de interés público peticionada, tal como lo consagra el artículo 9 numeral 4 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público”.
Por otro lado, Devoe argumentó que la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en su último boletín público de análisis de datos de fecha 22 de abril del año en curso, expresó de forma pormenorizada que fueron beneficiadas un gran total de 8616 ciudadanas y ciudadanos en conflicto con la ley, en virtud de llenar los extremos requeridos en dicha norma.
Sin embargo, para ambas organizaciones defensoras de derechos humanos, “la respuesta del Ministerio Público no solo contraviene los estándares internacionales de transparencia, sino que pretende condicionar un derecho humano fundamental a la discrecionalidad administrativa”.
“Al alegar una supuesta falta de ‘motivos’ para acceder a datos estadísticos, la Fiscalía levanta una barrera burocrática que impide evaluar la eficacia real de la Ley de Amnistía. La publicación de cifras generales y agregadas es insuficiente para auditar un proceso que impacta directamente en la libertad de miles de personas”, agregaron.
Finalmente, demandaron al titular del MP la entrega inmediata de la información desagregada solicitada; reiteran que el acceso a datos sobre la ejecución de medidas de gracia es de estricto interés público y no requiere de una motivación especial por parte de los peticionarios.
También exigieron que se cumpla con el principio de máxima divulgación establecido en la Ley de Transparencia, desglosando la ejecución por centros de detención y estados, para garantizar que la Ley de Amnistía no sea una cifra vacía, sino una garantía verificable de justicia y libertad.
Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra App.
