Fiscalía apeló puesta en libertad de otros implicados en femicidio de Ángela Aguirre

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Aunque este miércoles 11 de agosto se realizó la audiencia conclusiva por el caso del femicidio de la adolescente Ángela Aguirre en marzo de 2019 por parte del Tribunal Cuarto de Juicio y de Violencia de Género, aún el proceso judicial no ha concluido.

Una primera sentencia del juzgado fue la condena de 29 años de prisión a José Alberto Cedeño y José Zorrilla por femicidio agravado y cómplice necesario, respectivamente.

Pero los fiscales del Ministerio Público, abocados al caso, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Caracas suspender los efectos de la medida de puesta en libertad a los 5 implicados en el crimen, cuya decisión había tomado el tribunal a petición de los abogados de los indiciados.

Desde Radio Fe y Alegría Noticias intentamos obtener declaraciones de familiares y abogados de Ángela Aguirre y la respuesta fue que están a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones ya que el proceso aún no ha concluido y por sugerencias del tribunal de juicio deben abstenerse de conversar con los medios de comunicación.

Por su parte, el Fiscal General de la República, designado por la extinta ANC, Tarek William Saab, tampoco hizo referencia a este caso en su alocución de este jueves 12 de agosto cuando fijaba su posición ante lo publicado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en torno al Examen Preliminar Venezuela I y también habló de otros procesos judiciales.

Es importante mencionar que en la ley orgánica sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia se establece en el artículo 57 que quien cause la muerte por odio o desprecio por la condición de mujer incurre en el delito de femicidio que será sancionado con penas que van de 20 a 25 años de prisión y la condena podrá extenderse a 28 o 30 años por los casos considerados agravados de femicidio como cuando haya existido una relación de afectividad entre el agresor y la víctima; cuando el acto se haya cometido en menosprecio del cuerpo de la víctima con la intención de satisfacer instintos sexuales.

Por ser considerado un delito con los derechos humanos la legislación recuerda que los acusados de femicidio no tendrán derecho a gozar de beneficios procesales de ley ni de aplicación de medidas alternativas para el cumplimiento de la condena.