Este lunes 20 de diciembre, representantes de la Fiscalía Anticorrupción llegaron a Palacio de Gobierno peruano para la investigación de presuntas irregularidades en la licitación de US$ 74 millones que consiguió el gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), Samir Abudayeh, quien días previos mantuvo una reunión con el presidente Pedro Castillo.
Según el diario local La República, para el fiscal Reynaldo Mina del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima, encargado de esta diligencia, estas acciones son parte de las indagaciones preliminares que tiene el Ministerio Público, donde se supo que Castillo Terrones se habría con Samir Abudayeh, comercializador de biodiésel, y proveedor de Petroperú.
Ese mismo día, de acuerdo a los registros del portal de Transparencia, también estuvo el gerente de Petroperú, Hugo Chávez, la empresaria Karelim López, investigada por la licitación de la obra Puente Tarata en San Martín, y Gregorio Saenz, miembro de la Junta Nacional de Palmicutores.
Asimismo, la fiscal Norah Córdova dispuso ante la Fiscalía de la Nación, Zoraida Ávalos, la intervención en Palacio junto con la Policía Anticorrupción para seguir con la investigación tras las licitaciones con Petroperú.
Finalmente, se supo que luego de una hora de espera, los fiscales lograron ingresar a Palacio de Gobierno tras levantarse un acta por la demora.
Cabe señalar que más temprano, personal de la Fiscalía y la Policía Anticorrupción llegaron a la sede de Petroperú ubicada en San Isidro con el fin de iniciar las investigaciones preliminares contra Hugo Chávez Arévalo, gerente de Petroperú.
De acuerdo al documento al que tuvo acceso La República, el Primer Despacho de Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ordenó su ingreso para empezar las diligencias preliminares contra Hugo Ángel Chávez Arévalo, y otros, por el presunto delito contra la administración público en la modalidad de colusión agravada, y alternativamente negocio incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.
Fuente: La República
