Por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, la Fiscalía peruana acusó este martes 10 de enero a la presidenta Dina Boluarte.
La investigación también salpica en el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; al Ministro del Interior, Víctor Rojas; y al Ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Asimismo, contra Pedro Angulo «en su condición de expresidente del Consejo de Ministros y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior».
Patricia Benavides, Fiscal General de la Nación, dijo que la medida es a propósito de los 47 decesos y decenas de personas heridas en las manifestaciones de las últimas semanas en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
La presidenta Boluarte ya tiene en curso una primera investigación preliminar por las muertes registradas en las manifestaciones de diciembre.
De acuerdo con las leyes peruanas, el delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una masacre, lesiones graves a personas de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
Siguen las manifestaciones
Medios locales en Perú reseñan que continúan las manifestaciones en varias regiones del país contra el Gobierno de Boluarte y el Congreso.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) de Perú también responsabilizó a Boluarte por la masacre ocurrida en Juliaca.
“Demandamos a la Fiscalía de Perú tomar acciones en el marco de sus funciones para detener la violación de los derechos humanos”, publicó la Cnddhh en su Facebook y Twitter.
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