La ONG Foro Cívico que se autodenomina como una organización diversa, plural e incluyente, envió una carta abierta al Alto Comisionado de los Derechos Humanos por la condena de 16 años de los dirigentes sociales Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín.
A los seis, quienes están detenidos desde julio 2022, los acusaron por los delitos de “conspiración” y “asociación para delinquir”. Es te hecho activó las alarmas de las organizaciones en Venezuela que trabajan por los derechos humanos.
El documento, que también va dirigido a la comunidad internacional, pide que se fije una posición frente a lo que se considera como una “arbitraria sentencia” que emitió el Tribunal 2do de juicio con Competencia Especial del Área Metropolitana de Caracas.
En su misiva, el Foro Cívico expresa que en Venezuela, además de estar inmersa en una profunda crisis económica, también se violan los derechos humanos y sociales, tampoco existe “garantías para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en demanda de los derechos fundamentales” y añadió que varias organizaciones denuncian y documentan las prácticas de persecución por parte del Estado venezolano hacia las personas que piensan distinto.
Un sistema de justicia que persigue y criminaliza
El Foro Cívico asegura que el sistema judicial venezolano “es un instrumento para la persecución y la criminalización de la acción cívica de los ciudadanos que demandan el cumplimiento de las obligaciones del Estado” y agrega que este sistema no es independiente y que “se traduce en una falta de imparcialidad en la resolución de asuntos legales”.
En ese sentido, la organización pide que entre los venezolanos se adopte una postura firme para abordar la impunidad “que sigue alimentando las graves violaciones a los derechos ciudadanos” y que los integrantes del Foro Cívico esperan que en los próximos días se convocarán manifestaciones de calle para rechazar la sentencia a los seis sindicalistas.
Por tal razón, la institución considera que este hecho requiere de la acción urgente del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, en general, de la comunidad internacional, para invitar a la creación de espacios de entendimiento y procurar así un acuerdo democrático nacional para transformar este conflicto.
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