Foro por la Vida rechaza proyecto de ley de Cooperación Internacional

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Para las organizaciones sociales que integran el Foro por La Vida el nuevo proyecto de Ley de Cooperación Internacional que se pretende aprobar en la AN “plantea graves restricciones a la actividad de las ONG y es una amenaza para su trabajo en beneficio de la sociedad venezolana”.

Por tal motivo rechazan de plano esta acción que se emprende desde el oficialismo y desde el poder legislativo en Venezuela porque, entre otras cosas, “criminaliza especialmente la solidaridad con los sectores populares venezolanos que son los principales beneficiarios de la cooperación internacional”.

A través de un comunicado las organizaciones aclaran que “este trabajo incluye el acompañamiento de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, acciones de capacitación y formación, impulso del desarrollo social, promoción del deporte, la ciencia y la salud. Antes que restricciones el espacio cívico está urgido de respeto y protección por parte de las autoridades nacionales.

Vale recordar que en el año 2006 se tuvo el primer intento de actualizar este instrumento legal que data de 1958, cuando todavía estaba en el poder el dictador Marco Pérez Jiménez.

En esa oportunidad se aprobó el proyecto en primera discusión. Luego se retomó en 2010 y 2015 pero no se pudo avanzar en su definitiva validación legislativa.

Remarcan las organizaciones que el proyecto, en sus propuestas iniciales y en la nueva, “ha vulnerado la Constitución venezolana, así como los estándares internacionales sobre el derecho a la asociación, participación, no discriminación, debido proceso y reserva legal”.

¿Cuáles son los puntos críticos del proyecto?

En primer lugar apuntan que “excluye los derechos humanos como área legítima de cooperación y amenaza a las organizaciones con un registro obligatorio en el “Sistema Integrado de Registro de organizaciones no gubernamentales” (Artículo 18)”.

Este precepto, a su juicio, obliga a las organizaciones a suministrar “a las autoridades competentes, así como a cualquier ciudadano que lo solicite, la información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos (…)”. El proyecto presupone la ilegalidad en las actividades de las organizaciones al exigirles entregar toda su información al Estado”.

En segundo término “el artículo 11 otorga al Ejecutivo Nacional la facultad de crear un “órgano técnico especial” encargado de la “captación, prestación y administración de recursos que provengan o sean destinados a actividades de cooperación internacional”. Este control legitima la disposición de los fondos de las organizaciones y su adjudicación a discreción”.

Y por último, los activistas advierten que “el artículo 26 incorpora sanciones que pueden acarrear hasta la “eliminación definitiva” de las Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas que, a criterio del Ejecutivo, “de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República”.

Con ello consideran que “la ley criminaliza de este modo la acción de las ONG de derechos humanos y las estigmatiza en sus posibles interacciones con otros países o entidades de la comunidad internacional”.

Suscriben el documento:

Suscriben:

  1. Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)
  2. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
  3. Centro Gumilla
  4. Centro para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
  5. Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana
  6. Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos (CONVER).
  7. Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
  8. Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del Estado Falcón (COPRODEH)
  9. Espacio Público
  10. Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
  11. Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
  12. Justicia y Paz Cáritas Los Teques
  13. Programa Venezolano Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
  14. Servicio Jesuita de Refugiados
  15. Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas