Gabriela Boada: “La sociedad venezolana sigue apoyando a la Misión de Determinación”        

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Derechos Humanos Venezuela
Cortesía Suprema Injusticia

La periodista Gabriela Boada, defensora de los derechos humanos y directora de la ONG Caleidoscopio Humano, dijo que la última actualización oral del informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela concluyó que se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el país.

Boada aseguró durante el programa En Este País, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, que se trata de la primera actualización de la misión en 2023 lo que “quiere decir que los nuevos hallazgos vienen sustentados de los informes anteriores”.

La periodista puntualizó que en el último informe se detalló dos líneas de acción: una relacionada con la violación de derechos humanos y la otra con todo lo referente al Arco Minero del Orinoco.

“La actualización incluyó en primer lugar, las constantes amenazas que han sufrido periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes comunitarios y políticos quienes han alzado su voz en contra de las violaciones de derechos humanos”, dijo.

También esta actualización no dejó pasar lo que ha ocurrido en el país en relación a las constantes protestas y con ellas, las amenazas por parte el Gobierno nacional, destacó la defensora de derechos humanos.

En junio sería la próxima actualización

La directora de la ONG Caleidoscopio Humano, Gabriela Boada, señaló que para el mes de junio de 2023, se estima se realice una nueva actualización del informe sobre el caso Venezuela.

“Mientras tanto, la sociedad venezolana sigue apoyando la actuación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. La mayoría de países que forman parte de este proceso también apoyan las actuaciones de la misión, también se espera que el Ejecutivo también coopere”, dijo.          

Venezuela enfrenta una crisis de derechos humanos

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, advirtió sobre los proyectos de Ley de la Asamblea Nacional que limitarían y controlarían la capacidad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para realizar su trabajo, reseña Provea en su página web.

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