El Fiscal General de la República, designado por la ANC, Tarek William Saab, anunció este jueves que ya se le solicitó formalmente al gobierno de Italia la extradición del ex ministro de energía y petróleo Rafael Ramírez por supuestos casos de corrupción dentro y fuera del país.
El abogado también ratificó que sobre el ex funcionario también pesa una orden de captura, cuya solicitud igualmente se le hizo llegar a la Interpol.
«Esperamos que Italia, en vista de la solicitud del Estado venezolano, entregue a este criminal para que responda ante la justicia. El que no la debe simplemente no la teme», asintió Saab en una alocución que condujo al mediodía de este 18 de febrero.
En esta nueva comparecencia ante los medios, el Fiscal reveló que inició una investigación para establecer y sancionar las responsabilidades y participación de la empresa española Ingelec, especializada en materia eléctrica, en la trama de pago de sobornos a exfuncionarios del gobierno venezolano.
Detalló que esta empresa, con sede en Sevilla, fabrica generadores de energía y habría pagado 2,7 millones de euros en comisiones a una estructura criminal supuestamente liderada por Diego Salazar y su primo hermano Rafael Ramírez.
«Estas comisiones habrían sido pagadas entre 2009 y 2010 a una sociedad panameña y luego transferidas a la banca privada de Andorra, que fue utilizada para pagar a Diego Salazar una estancia de lujo en el Hotel Four Seasons de París, estancia valorada en más de un millón de euros y para enviar otros 834 mil euros a Estados Unidos para la compra de un inmueble».
Según Saab en la banca de Andorra y en otros paraísos fiscales como Panamá y Suiza estas dos personas tendrían depósitos que superan los 1.400 millones de dólares.
Ramírez niega que tenga orden de captura
Inmediatamente después de estas advertencias hechas por el titular del Ministerio Público de Venezuela, el también ex presidente de PDVSA respondió a las acusaciones.
En primer lugar negó que tenga en su contra una orden de captura y señaló que los únicos que no pueden salir de Venezuela son el Fiscal y otros funcionarios del gobierno venezolano.
Igualmente preguntó de dónde saldrían estas nuevas «infamias» en su contra y se atrevió a sugerir que se trata de campañas financiadas desde España con intervención de ejecutivos de la filial petrolera Petrozamora.
Finalmente escribió que nadie va a creer las versiones de Saab y del propio presidente de la república, Nicolás Maduro, quien también lo ha mencionado en varias de sus últimas alocuciones al intentar explicar las causas del deterioro de la industria petrolera.
Otra vez las infamias del fiscal sicario y los palangristas del odio, especialistas en montar ollas desde España. Quien paga estas campañas? Tendrá que ver con los Bolichicos y Petrozamora? NO TENGO NINGUNA ORDEN DE CAPTURA, los únicos que no pueden salir del país son ustedes!
— Rafael Ramírez (@RRamirezVE) February 18, 2021
Pero esta no es la primera vez que a Rafael Ramírez se le acuse desde el mismo chavismo que tanto defendió por aparentes casos de corrupción.
En un listado que compartió con los medios de comunicación el Fiscal General especificó que al ex funcionario se le han abierto investigaciones por los siguientes casos:
- Involucrado en el caso del buque petro saudí Saturn, un buque chatarra por el cual se pagó un contrato mil millonario para la explotación de gas costa afuera; aun cuando la mayor parte del tiempo estuvo inactivo.
- Malversación de fondos de PDVSA con la aprobación de contratos de bienes y servicios por más de 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015. Aquí también está investigado el expresidente de PDVSA, Eulogio Del Pino; quien está judicializado.
- Irregularidades en el otorgamiento de préstamos a la Empresa Plásticos Costa Oriental del Lago, por medio de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia).
- Presuntas irregularidades en el Fondo de Pensiones de los Jubilados de PDVSA, abierto en agosto de 2018 por denuncia de los jubilados y pensionados del estado Monagas.
- Recibimiento de sobornos para otorgar adjudicaciones de PDVSA y lavado de dinero en Andorra.
