Hay centros de detención clandestinos para ejercer tortura, según Provea

Foto: Leonardo Noguera | El Nacional

Para el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, la medida anunciada por la Fiscalía venezolana ante la muerte del C/C Rafael Acosta Arévalo no es suficiente, puesto que “hay que detener a los autores intelectuales del hecho, a las personas que han permitido este tipo de práctica”.

En una entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias, Uzcátegui señaló que tiene que aplicarse la Ley contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, que está vigente desde el año 2013 y que podría tener una pena de hasta 25 años.

Al caso solo se le está aplicando el código penal con homicidio preterintencional con causal, que tiene una pena entre 6 a 10 años menos que la antes mencionada, y podría gozar con beneficios procesales y liberar a los responsables.

A esto se le suma que, Acosta Arévalo murió siendo “formalmente inocente”, según la abogada y activista por los Derechos Humanos, Rocío San Miguel.

En relación a esto, el último pronunciamiento emitido por el Ministerio para la Defensa el pasado 29 de junio a las 11:09 de la noche, destaca que no había sido presentado ante el tribunal.

Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el 2018, estableció que el Dgcim es uno de los organismos donde se aplica este tipo de prácticas de manera repetitiva.

“El Dgcim se ha convertido en un centro donde se torturan y se violan los derechos humanos de los detenidos en el país”, se puede leer en el informe.

Clandestinidad para la tortura

Uzcátegui denunció que hay centros ilegales y clandestinos de detención, aclarando que “no son la sedes oficiales”, sino que se están habilitando sitios desconocidos para detener a personas, y eso aumenta la posibilidad de que sean sometidos a tratos crueles.

Provea registró, en el año 2018, 100 casos de torturas, de los cuales 75 habían sido personas privadas de libertad en los recintos del Dgcim.

“Hay violaciones al debido proceso, por eso Bachelet solicitó que permitan el acceso a los familiares y abogados de los detenidos para que se constate su integridad física y psicológica”, indicó el defensor de los derechos humanos.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo en una carta estar “conmocionada” por la muerte del capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo.

Protocolo de Estambul

A pesar de numerosos requerimientos, ni su abogado ni sus familiares han tenido aún acceso al cuerpo de Acosta.

Desde Provea están solicitando que se active el Protocolo de Estambul, que establece como deben ser las investigaciones de personas que han sido sometidas a torturas, para que “no sea manipulada la evidencia”.

Asimismo, solicitan que la autopsia del cuerpo, elemento clave en materia forense para determinar qué fue lo que sucedió, se haga de acuerdo con estándares internacionales.

Según Uzcátegui, se está poniendo en juicio la capacidad de independencia de las autoridades venezolanas para adelantar una investigación de este tipo.

De acuerdo con información difundida por la periodista Ibéyise Pacheco, Acosta antes de morir tenía un gran morado en uno de los hombros, que indicaría una luxación: “típica lesión de un cuerpo que ha sido guindado”.

Pacheco señaló que “se están demorando al máximo la entrega del capitán para que el cuerpo se descomponga y ocultar así los hematomas que presenta”.

En Provea se está promoviendo una comisión de investigación que este conformada por expertos independientes de Alto Comisionado de Naciones Unidas para investigar este caso y otros que todavía están bajo la impunidad ante la ausencia de justicia en Venezuela.

Por Nazaret Torres Padrón