A 32 años de los sucesos del Caracazo de 1989 todavía no se ha hecho justicia y el Estado venezolano tiene una deuda con las víctimas.
Claudia Carrillo, integrante de la ONG COFAVIC, en conversación con Radio Fe y Alegría Noticias, recordó que en principio «estos casos estaban en la jurisdicción militar, cosa que era inconstitucional que estos hechos fueran revisados solo en el ámbito militar, por la presión pública que se hizo estos expedientes pasaron luego a jurisdicción civil y que fue un gran logro dentro del proceso de incidencia ante la Comisión Interamericana y frente a los organismos de protección internacional de derechos humanos en el país».
Sin embargo, Carrillo apuntó que en ese camino ha habido muchas trabas para obstaculizar, para que se pudieran hacer las investigaciones a profundidad «y esto suma un episodio muy triste, importante a recordar como lo es la localización de fosas clandestinas a los meses de ocurridos estos hechos donde aparecieron cadáveres asesinados presuntamente por armas de fuego, de guerra».
Refirió que estas fosas fueron halladas en el sector La Peste en el Cementerio General del Sur «y por la presión de los familiares se logró que un tribunal ordenara que se abriera todo el proceso de exhumación para poder verificar si estos restos correspondían a personas que estaban siendo denunciadas como desaparecidas por sus familiares desde los primeros días de marzo».
Sobre el proceso de las exhumaciones de La Peste Carrillo destacó su importancia en torno a la participación de los familiares en la apertura de las fosas «y como vigilantes de todo ese proceso que duró cerca de un año».
No obstante, mencionó que también el procedimiento sufrió trabas, suspensiones, «las familias nuevamente quedaban defraudadas y fue la razón por la que los familiares siguieran los trabajos de documentación para poder proseguir con la denuncia internacional ante la Comisión Interamericana y que luego el caso fue conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
La impunidad es repetición y hay una reparación pendiente
Uno de los elementos más graves que aún persisten dentro de esta masacre es que «en los juicios aún no hay ni una condena firme lo que hay son fechas donde se citan a las víctimas, se intentan hacer reaperturas y 32 años después no se ha procedido, la impunidad sigue presente y mientras estos hechos sean sancionados siempre está el riesgo de que puedan repetirse».
Por eso la activista remarca que para la ONG en este 2021 es clave reflejar dos premisas básicas. Una es que la impunidad reinante en este caso es riesgo de repetición de hechos similares.
Y la segunda es que existe todavía una reparación pendiente. Sobre este punto Claudia Carrillo resalta que la indemnización «va mucho más allá de la reparación de las víctimas directas y de las familias que han perdido seres queridos en estas circunstancias o quedaron con una discapacidad importante y que han limitado su proyecto de vida».
Y esa trascendencia implica que hay una serie de medidas que el Estado venezolano está obligado a ejecutar y que todavía no ha cumplido como el poder realizar investigaciones independientes de los hechos, el prohibir efectivamente el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones pacíficas, la importancia de que pueda escuchar las demandas sociales de la población vulnerable, adecuar a los estándares internacionales todos los manuales de control de orden público de las policías en el país, que los funcionarios policiales y militares traten a las personas y víctimas como ciudadanos y no como enemigos internos.
Desde el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo, COFAVIC, exponen la actualización hecha por la Corte IDH el pasado 18 de noviembre de 2020, luego de una primera sentencia que emitió en contra del Estado venezolano para que aplicara un proceso de justicia reparadora y se comprometiera a que este tipo de hechos no se repitiera.
Estas recomendaciones de la Corte son:
1. Emprender una investigación efectiva de los hechos de este caso, identificar a los responsables de los mismos, tanto materiales como intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda; los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de conformidad con la ley interna y las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y los resultados de las investigaciones deberán ser públicamente divulgados.
2. Localizar, exhumar, identificar mediante el uso de técnicas e instrumentos idóneos, y entregar a sus familiares los restos mortales de las 18 víctimas determinadas en esos mismos párrafos.
3. Correr con los costos de las inhumaciones, en el lugar escogido por sus familiares, de los restos mortales de las personas a que se refiere el punto resolutivo anterior.
4. Adoptar todas las providencias necesarias para evitar que vuelvan a repetirse las circunstancias y los hechos del presente caso, de conformidad con lo cual:
a) El Estado adoptará las medidas necesarias para formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
b) ajustará los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos, adoptando, al efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos para evitar que se produzcan excesos.
c) garantizará que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, y con respeto al derecho a la vida y a la integridad personal.
Este lunes 1 de marzo, a las 10 de la mañana, se celebrará una misa presidida por el jesuita Pedro Trigo en la iglesia La Candelaria de Caracas para recordar a estos muertos y desaparecidos.
Estarán presentes algunos de los familiares, activistas de derechos humanos, representantes religiosos, periodistas, preservando las medidas de bioseguridad.
