El 27 y 28 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 marcaron un hito histórico en Venezuela cuando «los cerros bajaron» en la ciudad de Caracas y en otras partes del estado Miranda.
Hechos dolorosos, sangrientos, impactantes, indignos, conocidos como El Caracazo o la revuelta que pusieron en evidencia las debilidades institucionales del Estado en cuanto a la protección de los derechos humanos en Venezuela.
Quienes vivieron aquellos días aciagos, quizás recuerden mayormente los disturbios y saqueos ocurridos. Pero lo que en realidad constituyó una fractura histórica fue la masacre de civiles cometidas por las fuerzas de seguridad estatal.
El Caracazo fue una masacre, y así fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. La persistente impunidad ha impedido a las víctimas lograr justicia en sus casos,
pero lo más grave es que el mismo sufrimiento se ha multiplicado hoy a más víctimas en
todo el territorio nacional: la falta de sanciones ha propiciado la repetición y desatado los
índices de mortalidad por ejecuciones extrajudiciales; se ha normalizado el uso desproporcional de la fuerza pública, y se ha consolidado un patrón sistemático de violación de derechos humanos.
Detrás de cada masacre cometida en Venezuela en las décadas recientes está el uso
desproporcionado de la fuerza pública, la obstaculización de las investigaciones, el irrespeto
a las víctimas, la incapacidad para realizar investigaciones serias y conclusivas, la falta de voluntad para formar a miembros de cuerpos armados sobre cómo encarar manifestaciones
públicas sin violar derechos humanos, entre otras múltiples heridas sin cicatrizar abiertas por el Caracazo.
Recordamos: fundamos Cofavic hace 32 años porque el Estado venezolano no solo nos
arrebató a nuestros hijos, esposos y hermanos, sino porque hizo lo posible para evitar la
identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales.
Por eso, nos dedicamos desde entonces a la defensa y promoción de los derechos humanos, y en ese duro recorrido seguimos advirtiendo que es indispensable y urgente una transformación y un compromiso del Estado para que cesen las masacres. Solo entre 2012 y 2020 contabilizamos 12010 ejecuciones extrajudiciales.
Por Aura Liscano, Yris Medina, Hilda Páez y Maritza Romero, Fundadoras de Cofavic, Comité de Familiares y Víctimas del Caracazo.
