Miles de indígenas y campesinos se sumaron a las protestas a favor del presidente electo Bernardo Arévalo y en contra del Ministerio Público de Guatemala.
Las protestas son una respuesta a la convocatoria de movilización del presidente electo para “defender en las calles la democracia y los votos”.
El Ministerio Público lidera varias acciones legales contra el Tribunal Supremo Electoral, el partido de Arévalo, Movimiento Semilla, y contra el mismo Arévalo. En este contexto la transición política democrática en Guatemala está en riesgo.
Las protestas, donde se exige la renuncia del Fiscal general, Consuelo Porras, este viernes se concentraron en las afueras del de Cámara de la Industria, que aglutina a empresarios que apoyan la gestión de Porras.
Aleisar Arana, miembro del Parlamento Xinca, dijo vía telefónica a The Associated Press que la marcha busca “que se detenga el golpe de Estado que ella está encabezando desde la fiscalía”.
También piden la renuncia de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y del juez Fredy Orellana, quienes realizan las investigaciones contra el Movimiento Semilla, el partido de Arévalo.
Los manifestantes sostienen que la protesta seguirá hasta que se produzcan las renuncias.
La semana pasada la fiscalía realizó, durante dos días, allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras una denuncia de un ciudadano, dijo Curruchiche.
Indignación en Guatemala
De acuerdo con las personas que participan en las marchas a favor de Bernardo Arévalo, todos los actos que desarrolla el Ministerio Público tienen un tinte político. El objetivo sería legalizar una posible negativa de asunción al poder de Bernardo Arévalo en enero de 2025.
Los actos del MP han causado indignación en la sociedad civil que mayoritariamente votó por Arévalo en las elecciones presidenciales. El malestar fue mayor después que la Fiscalía dirigida por Curruchiche y Monterroso, abrieran las cajas que contenían los votos del 25 de junio.
Los procedimientos habrían sido por orden de Orellana, quien actuó desconociendo la Constitución: de acuerdo con la Ley, solo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Juntas Receptoras de Votos tienen la potestad para abrir las cajas.
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