La ONG mundial Amnistía Internacional publicó un extenso trabajo de investigación que devela nuevos elementos, hasta ahora desconocidos, sobre la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, acontecida en junio de 2019.
En el nuevo informe, Morir ante un juez: detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo, AI publica nuevos hallazgos sobre el caso que ponen en duda la versión oficial de los hechos «y demuestran la mortífera política de represión del gobierno de Nicolás Maduro para silenciar a la disidencia».
Acosta Arévalo era un capitán retirado de la Marina venezolana que desapareció en la localidad de Guatire, en el estado de Miranda, el 21 de junio de 2019.
Amnistía Internacional obtuvo 550 páginas del expediente penal contra 2 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) acusados de participar en su muerte.
«Contrario a lo que muestra la investigación penal por parte de la justicia venezolana, Acosta Arévalo no falleció en un hospital. Fue desparecido, torturado y murió ante un juez. Sobre estos hechos no se ha hecho justicia», afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La información pública disponible indica que Acosta Arévalo fue víctima de desaparición forzada desde el 21 hasta el 26 de junio, cuando las autoridades venezolanas anunciaron su detención.
Según un oficio del expediente, los funcionarios de la Dgcim le habrían llevado a un hospital el 28 de junio, pero horas después fue presentado, mientras agonizaba, ante un tribunal militar para imputarle cargos a pesar de su condición de retiro de las Fuerzas Armadas.
Los hallazgos de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional encontró que Acosta Arévalo falleció el 28 de junio de 2019 en la sala donde se llevaría a cabo la audiencia de presentación, sin recibir atención médica en los momentos previos a su muerte.
Esta evidencia contradice la versión oficial de las autoridades venezolanas, que difundieron que la víctima había muerto en el Hospital Militar Vicente Salias después de haber recibido atención médica.
La organización ha recibido múltiples denuncias de detenciones arbitrarias y períodos iniciales de incomunicación, así como la existencia de centros de detención clandestinos que pertenecen al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dgcim.
En este caso, a pesar de haber poca información sobre el paradero de Acosta Arévalo en los días previos a su muerte, uno de los imputados en el caso -adscrito a la Dgcim- declaró que le trasladaron desde Guatire a un sótano.
Lo que demanda AI
Amnistía Internacional exige que se realice una investigación imparcial e independiente a cargo de una autoridad civil -y no militar- sobre la posibilidad de que Acosta Arévalo haya sido trasladado a un centro de detención clandestino donde fue sometido a tortura.
Otros hallazgos de la investigación permiten deducir que los imputados -y posteriormente condenados- por el caso de Acosta Arévalo sostuvieron versiones contradictorias de los hechos.
Las actas de investigación no vinculan la actuación de los condenados a la muerte de la víctima y, además, se les imputa un cargo que insinúa que la muerte de Acosta Arévalo fue causada accidentalmente, haciendo a un lado que esta fue consecuencia de múltiples y serias lesiones que comprometieron sus pulmones al punto de provocar un edema cerebral severo.
Amnistía Internacional sostiene que los cientos de casos como el de Acosta Arévalo deben ser investigados por un mecanismo internacional independiente que garantice justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, ante la imposibilidad de que esto ocurra ante la justicia venezolana.
Es de señalar que los casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y sometimiento de civiles a procesos penales ante la justicia militar en Venezuela son parte de una política sistemática o generalizada, por lo que deben determinarse las responsabilidades penales individuales al más alto nivel gubernamental.
Con información de Amnistía Internacional
