En una sesión ordinaria este 9 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció la reactivación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines en Venezuela.
La normativa, aprobada en primera discusión hace casi un año, será sometida a consulta pública a partir del viernes 12 de enero.
Rodríguez instó a los diputados a participar en el proceso de consulta para enriquecer la ley, destacando la importancia de consultar con los venezolanos y las propias organizaciones involucradas en los alcances de la legislación.
“Quiero informar y ordenar a los honorables diputados que se sumen al proceso de consulta que inicia el próximo día viernes de la ley ya aprobada en primera discusión”, expresó Rodríguez.
La ley, presentada por Diosdado Cabello en enero de 2023, busca regular la actuación de ONG, especialmente aquellas que, según el gobierno, reciben financiamiento extranjero para desestabilizar el país.
Una ley que le preocupa a las ONG
Entre los artículos más controvertidos de la ley se encuentra el 15, que establece condiciones para la disolución definitiva de una ONG mediante sentencia firme, en caso de que se demuestre que está recibiendo financiamiento para actividades políticas o bien que se determine que sus acciones son perjudiciales para la estabilidad nacional.
Para algunos críticos, esto puede otorgar un poder discrecional al gobierno para disolver organizaciones basándose en interpretaciones subjetivas de las actividades políticas o la estabilidad nacional.
Por ejemplo, Acceso a la Justicia y Laboratorio de Paz consideran que la ley se fundamenta con la intención de crear “persecución política” y “criminalizar” a quienes defienden los derechos humanos en el país.
El viernes 10 de febrero de 2023 más de 400 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales rechazaron este proyecto de ley de fiscalización, pues argumentaron que la ley surge en un contexto de “ataques y hostigamiento contra la sociedad democrática del país, incluyendo la persecución contra sindicalistas y líderes gremiales, así como los obstáculos y judicialización de periodistas y medios de comunicación independientes”.
Con información de Efecto Cocuyo
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