Ministros, jueces y magistrados insisten en rechazar la reforma judicial en México pese a que ya fue aprobada por la mayoría de los congresistas en septiembre de 2024.
De acuerdo con un reporte de Contacto Sur, un informativo internacional que transmite Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela, los detractores de la reforma “se resisten a cambios y a dejar sus privilegios”.
Tan solo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, Norma Piña, percibe como salario 792.000 pesos mexicanos al mes.
Tanto jueces como ministros del sistema judicial exigen al diario oficial de la federación la publicación e invalidar parte de la reforma.
Recientemente, la jueza federal Nancy Juárez Salas, de Coatzacoalcos, Veracruz, ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al director del diario oficial de la federación, Alejandro López, eliminar el publicado decreto de la reforma hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido por jueces contra la iniciativa.
Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carranca, propuso invalidar una parte de la reforma
La semana pasada, la secretaria de gobernación, Rosa Ríos, dio a conocer los montos que reciben cada uno de los jueces lo cuales están muy por encima de un salario promedio.
Un ministro de la corte devenga un salario de 792.256 pesos. El monto contempla el sueldo base, las compensaciones, previsión social, prima vacacional, aguinaldo, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, estímulo por antigüedad, el pago por riesgos, viáticos, restaurantes de lujo, apoyo para el combustible, y apoyo para vehículos blindados.
Pugna hasta el fin del mandato de AMLO
El argumento más recurrente de los detractores de la reforma judicial es que consideran que la reforma quita poder al máximo tribunal de México.
Otro de los argumentos es que la reforma permitirá reducir el tiempo de mandato de los magistrados y este hecho no es del agrado del sector afectado.
Tampoco es de su agrado que la reforma contemple el sometimiento a una elección popular, universal y secreta el nombramiento de los funcionarios del Poder Judicial.
La coalición oficialista de Morena, empoderada tras la arrolladora victoria en las generales de junio, insiste en que la reforma va a democratizar un Poder Judicial. Sostiene que es corrupto y nepotista y desconoce el acontecer diario de la gente.
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